En el marco de la Marcha Federal Universitaria que se desarrolló este miércoles frente al Congreso de la Nación y se replica en las principales ciudades del país en defensa de la educación pública superior y en contra del posible veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento a las casas de altos estudios, desde el sector advirtieron que "la excelencia de la formación está en riesgo".

Así lo señaló la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández de Piccoli, durante la lectura del documento en el acto central de la movilización, a la que se sumaron también gremios y referentes políticos.

"Acá estamos, los y las estudiantes no somos fantasmas", lanzó la joven al comienzo de su alocución, en respuesta al secretario de Educación, Carlos Torrendell, quien días atrás en declaraciones a Radio Rivadavia acusó a las universidades de "inventar alumnos" para cobrar fondos.

Asimismo, Fernández de Piccoli recordó la primera Marcha Federal del año, realizada en abril pasado, y destacó: "Hace cinco meses convocamos a una manifestación nacional preocupados por el desfinanciamiento que estaban experimentando el sistema universitario y científico".

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"En aquella gesta colectiva de abril, con calles y plazas de todo el país colmadas por la sociedad argentina, alzamos nuestra voz en defensa de la universidad pública, la educación y la ciencia", subrayó antes de lamentar: "Queríamos evitar la grave situación que vivimos hoy". En este sentido, alertó que "ante un Estado que decide no invertir en el futuro de los jóvenes y su acceso a la educación, con instituciones desfinanciadas, la excelencia en la formación está en riesgo".

Las primeras columnas de manifestantes habían llegado poco después del mediodía a un Congreso de la Nación vallado, epicentro de la movilización que se realizó este miércoles en "defensa de la universidad pública y del sistema científico", según expresaron desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en un comunicado.

La convocatoria se desarrolló luego de que Milei anunciara el "veto total" a la Ley de Financiamiento sancionada por el Parlamento. "La universidad no es el problema, es parte de la solución", es el lema que utiliza la comunidad educativa para rechazar el recorte presupuestario que instrumentó el Gobierno libertario sobre las casas de altos estudios.   

La disputa entre el Ejecutivo y las universidades viene incrementándose desde la semana pasada, cuando docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizaron un paro por 48 horas en "defensa de su salario" y de la Ley de Financiamiento Universitario.   

Tras una reunión en la secretaría de Educación, los gremios rechazaron el ofrecimiento del ministerio de Capital Humano de un "5,8% adicional en octubre", que había sido calificado como "histórico" por esa cartera. Para bajar la tensión el Ejecutivo nacional los había convocado a fin de discutir la paritaria, pero los sindicatos FEDUN, CONADU, CONADU Histórica, FATUN y FagDUT consideraron "insuficiente" la nueva propuesta salarial.

"A nadie escapa que esta convocatoria se da por la inminencia de una marcha masiva en rechazo al ajuste en la universidad. Sin embargo, la propuesta está muy lejos de equiparar con los estatales, porque es solo un 5.8% para octubre y no reconoce la enorme deuda de más de 50 puntos nominales en el salario de docentes y no docentes", indicaron desde el sector docente, al hacer referencia a la movilización. 

La Marcha Federal Universitaria tiene el respaldo de la CGT, que ratificó que formaría parte de la protesta en "defensa de la educación y la universidad pública". "Hay que encontrar un camino para salir de esta situación y no desprestigiar a las universidades públicas", aseguró el secretario general de los Trabajadores de Sanidad y uno de los líderes de la central obrera, Héctor Daer, en la previa de la movilización.

Asimismo, desde el Ministerio de Capital Humano dieron cuenta de todas las alternativas que barajaron para desactivar la movilización de la comunidad universitaria y señalaron que su "objetivo es lograr la claridad en el manejo de los recursos del Estado", además de señalar que la marcha tiene "fines políticos".