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“Es necesario, para medir el tamaño de la injusticia, profundizar en el desvarío de la Corte Suprema. Una vieja jurisprudencia del tribunal sostiene que los jueces supremos tratan casos penales solo cuando estos tienen sentencia definitiva. Es decir, cuando ya pasaron por el juez de primera instancia, por la Cámara Federal, por el juicio oral y público y por la Cámara de Casación. Hay muy pocas excepciones de extrema gravedad en la historia. Algunas apelaciones de Cristina Kirchner llegaron a la Corte en noviembre del año pasado, y otras en marzo de este año. ¿Era necesario que la Corte le arrebatara el expediente a las instancias inferiores una semana antes de que se iniciara el juicio oral? ¿Por qué no lo hicieron antes si consideraban que existía tal gravedad?”, subrayó Morales Solá, quien no encuentra otros motivos para explicar lo sucedido que un interés político de los magistrados de la Corte.

De todos modos, si bien el juicio oral y público contra Cristina podría ser retrasado por el pedido de la Corte Suprema, no fue formalmente postergado y dependerá de la decisión que esos jueces tomen sobre las apelaciones de la senadora por Unidad Ciudadana. Entre los pedidos de la expresidenta figura, por ejemplo, una auditoría de la obra pública durante los 12 años kirchneristas. Para Morales Solá, si la Corte acepta ese pedido, el comienzo del juicio oral podría retrasarse "meses e incluso años", dándole a la senadora aire de sobra para llevar a cabo el proceso electoral liberada de la justicia. El Gobierno nacional esperaba que ver a Cristina desfilar en los pasillos de Comodoro Py durante la campaña le produciría un desgaste en su imagen.

Sirviéndose de rumores, Morales Solá sostuvo que hay versiones que señalan que Ricardo Lorenzetti se reunió con CFK hace uno o dos meses y le planteó la necesidad de una reconciliación entre ellos. En tanto, el editorialista defendió el accionar de Carlos Rosenkrantz, único juez del tribunal que no firmó la solicitud: “Digan lo que digan de Rosenkrantz, es el único juez de la Corte que primero lee la ley y luego la jurisprudencia del tribunal para después tomar una decisión. Es difícil encontrar en sus decisiones retorcidos intereses políticos”.