A poco más de una semana de la protesta del sindicato de Camioneros que afectó la limpieza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Jorge Macri anunció este miércoles el aumento de controles y sanciones para las empresas de recolección y barrido que no cumplan con sus servicios.

Durante la inauguración de la nueva Planta de Tratamiento de residuos mixtos de Villa Soldati, el jefe de Gobierno porteño advirtió: "No vamos a permitir que pasen cosas como la semana pasada y que algo tan sensible como es la limpieza de la Ciudad esté en juego por actitudes que no corresponden". 

"Nuestro compromiso es siempre estar del lado de los vecinos, porque esta Ciudad no es de un gremio ni de una empresa, es de los vecinos", subrayó luego de señalar que en los primeros siete meses de 2024 aumentaron "un 150 % las multas".

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A través de su cuenta en la red social X, Macri destacó además la intensificación de los controles "con 150 inspectores que recorren 15.000 cuadras todos los días", cuyo trabajo consiste en ir detrás de la ruta del servicio para asegurar la calidad de la prestación, como así también la incorporación de Inteligencia Artificial "para detectar a través de las cámaras contenedores con basura alrededor".

"Algo tiene que quedar claro: las empresas de limpieza tienen que seguir mejorando el servicio que prestan y si no lo hacen, directamente vamos a imponer multas y sanciones", advirtió el jefe de Gobierno porteño.

En este marco, puntualizó que en lo que va de 2024 realizaron "1.165 operativos de refuerzo en calles, espacios verdes y de gran concurrencia", y reconoció: "Sabemos que falta, pero tenemos la convicción de hacer lo necesario para que vivan y disfruten de una ciudad más limpia y ordenada".

El anuncio de Macri tuvo lugar luego de la protesta del pasado 22 de julio, cuando los recolectores de residuos pertenecientes al Sindicato de Camioneros iniciaron una medida de fuerza por la demora en la adjudicación de las grúas de acarreo otorgada durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y que su sucesor decidió revisar por considerarla "carísima" y "escandalosa".

Horas después, el Gobierno porteño canceló el proceso licitatorio del servicio ya que, según detalló, "implicaba una erogación de las arcas públicas de 360 millones de dólares".