En un nuevo golpe a Mauricio Macri, la Corte Suprema ordenó al gobierno nacional que le pague 15 mil millones de pesos a San Luis por haber incumplido un fallo de 2015 respecto a descuentos indebidos de coparticipación. El Máximo Tribunal dio lugar a la causa original de 2015, en la que se reclamaban retenciones del 15% de ANSES y del 1,9% por parte de AFIP. Otras provincias podrían cobrar un monto incluso mayor. La causa data de una derogación que Cristina realizó un mes antes de dejar la Casa Rosada.

El pago asciende a $11.500 millones del primer organismo más $3.500 del ente recaudador; la suma redondea los 15 mil millones. La decisión fue firmada por los jueces Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. Otra vez, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz quedaron en minoría en la defensa al oficialismo.

En declaraciones a radio Mitre, el fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende, celebró el fallo: "Es un momento muy importante para la provincia; tras 10 años de litigar, finalmente la Corte Suprema define el monto que adeuda el Estado Nacional. Esperamos que el gobierno nacional tenga la responsabilidad institucional y respeto por el federalismo y se disponga a hablar con nuestra provincia para acordar el mecanismo de pago de esta deuda".

La causa comenzó a mediados de noviembre de 2015, con Cristina Fernández de Kirchner aún como presidenta y con Mauricio Macri a punto de asumir. En ese momento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor del reclamo de Córdoba, Santa Fe y San Luis al declarar inconstitucional la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que el Gobierno nacional efectuaba a las provincias para financiar a la Anses. La ex presidenta firmó un decreto mediante el cual anuló la retención del 15 por ciento para todas las provincias, lo que implicaba en ese momento una pérdida de 130 mil millones de pesos para el Estado nacional, perjudicando a Macri días antes de que éste asumiera. Apenas llegó a la Casa Rosada, el entonces nuevo presidente derogó el decreto de Cristina para evitar el pago.

La decisión del máximo tribunal podría hacer que otras provincias eleven pedidos parecidos al de San Luis, ya que Santa Fe, a diferencia de Córdoba, tampoco llegó a un acuerdo con el Ejecutivo y la Justicia podría resolver un pago que ascendería hasta los 45 mil millones de pesos.