Con la renuncia, Valentín Díaz Gilligan no se salva de la denuncia que ayer le hizo el diputado Rodolfo Tailhade en Comodoro Py por omisión maliciosa y lavado de activos por la recientemente descubierta cuenta en Andorra con 1,2 millones de dólares.

La denuncia de ayer cayó por sorteo en el juzgado de Claudio Bonadio, con intervención  de la fiscalía de Alejandro Mangano. El rol de una de las pocas mujeres que hay en el principado de Retiro será clave: en ella recae la decisión de abrir o no la investigación contra el ahora ex funcionario de Cambiemos.

La fiscalía es la que tiene la potestad de imputar a Díaz Gilligan y pedirle al juzgado que se comience la investigación. También, le puede solicitar a Bonadio que se lleven a cabo ciertas medidas antes de decidir si vale la pena investigar.

Cualquier documentación sobre la cuenta en la Banca Privada d’Andorra que reveló el diario El País tendrá que ser requerida por la justicia vía exhorto. Todo lo que se refiere a la investigación periodística también podría ser solicitado por la justicia. Lo que está más al alcance son las declaraciones juradas de Díaz Gilligan desde que se convirtió en funcionario del Gobierno de la Ciudad durante el mandato de Mauricio Macri.

La cuenta de Andorra es de la firma Line Action, dedicada a la compra y venta de jugadores y relacionada con Paco Casal. La empresa estaba supuestamente radicada en Inglaterra pero, según la publicación periodística, era un 100% de Nashville North Inc, una firma panameña. Díaz Gilligan fue director de Nashville hasta 2014.

La primera declaración del ex funcionario apuntó a "hacerle un favor a un amigo”. Es decir, explicó que figuraba en esa cuenta porque Casal no podía aparecer por "problemas con el fisco”. Por esto es que la denuncia va por el lado también del lavado, jugando con la posibilidad de que sea testaferro.