El Senado hará un nuevo intento la semana próxima para aprobar el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales, aunque el oficialismo y la oposición siguen sin llegar a un acuerdo sobre la incorporación de los sindicatos como aportantes.La sesión está prevista para el martes.

 El proyecto tuvo dictamen de comisiones a fines de 2018 y su tratamiento se postergó para este año, aunque el tiempo transcurrido fue en vano: los desacuerdos entre el oficialismo y el justicialismo hicieron que la iniciativa volviera a comisión, donde finalmente se firmaron dos dictámenes: uno de Cambiemos y otro del Bloque Justicialista. Ambas propuestas habilitan a las empresas a realizar aportes de campaña (algo prohibido por la legislación vigente) pero se diferencian en lo que refiere a los sindicatos: la propuesta del justicialismo es que puedan hacer aportes a un candidato y la de Cambiemos mantiene la prohibición actual.

El argumento del peronismo es que si las empresas pueden financiar la campaña de un candidato también se les debe permitir a los sindicatos dado que ambos son personas jurídicas, con el agregado de que, además, los sindicatos tienen un "fin social". Cambiemos opone el argumento de que el origen de los recursos en uno y otro es distinto: mientras que el dinero de las empresas pertenece a los dueños o accionistas, el de los sindicatos es de todos los afiliados, quienes tienen además simpatías políticas diversas.

La falta de acuerdo entre las dos principales bancadas del Senado dificulta la aprobación de cualquiera de los dos dictámenes debido a que los temas electorales requieren del aval de una mayoría absoluta de la mitad más uno del total de la Cámara (37 votos), número al que ninguno de los dos llega por sí solo, de modo que los consensos son necesarios.

 Así, en ninguno de los dos sectores tienen claro si lograrán llegar a un acuerdo antes de la sesión del martes o si nuevamente postergarán el tratamiento del proyecto, dado que si van al recinto y las dos propuestas son rechazadas por no contar con la mayoría necesaria, el tema no podrá volver a tratarse hasta el año próximo. Esta posibilidad espanta tanto al oficialismo como a la oposición porque ambos sectores consideran que el nuevo modelo de financiamiento político debe entrar en vigencia en la campaña electoral de este año.

  Por otra parte, aún si lograran aprobar la iniciativa hay varios senadores que estiman que no podría avanzar en la Cámara de Diputados, según supo Noticias Argentinas. La evaluación de esos legisladores es que el kirchnerismo, que se opone a la legalización de los aportes empresariales, tiene más fuerza allí que en el Senado y, por si eso no bastara, ya el año pasado, la líder de la Coalición Cívica y co fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, cuestionó públicamente la iniciativa de su propio espacio político.

El proyecto establece la bancarización de los aportes de campaña y habilita a las las empresas a girar recursos a los partidos por hasta el 2% del total de gastos de campaña autorizados. Además, en otro de los puntos que más se discutió en las últimas semanas, se establece que los aportes del Estado que reciben los partidos en campaña deben destinarse en un 50% a medios nacionales y/o provinciales, mientras que el resto de los recursos serán de disposición libre.