En medio de la cruzada que el Gobierno mantiene contra Cristobal López (y su liberación), la justicia comercial acaba de abrir el concurso preventivo de la señal C5N, pertenenciente al (¿ex?) Grupo Indalo.

Esta decisión, tomada por el mismo juez que tiene la causa donde se intervino OIL Combustibles, tendrá consecuencias en el corto y mediano plazo. Para empezar, la semana que viene se definirá qué síndico se encargará de la situación, que fue calificada como compleja.

Los bienes de Telepiu S.A (el nombre de la sociedad C5N) están inhibidos, los que se avisó en la resolución a todos los registros como el de la propiedad y el de marcas. Las empresas o particulares (los acreedores) a los que el canal les debe dinero tendrán hasta el 17 de mayo para presentar los papeles.

Además, el proceso se extenderá, por lo menos, hasta julio, cuando el funcionario que tiene a su cargo el informe deberá presentarlo. También, será quién deba evaluar todas las deudas (los pasivos) y la situación de los trabajadores en relación de dependencia.

Lo interesante para resaltar es que el concurso preventivo había sido pedido por Ignacio Rosner cuando se hizo cargo (a menos, supuestamente) del grupo. En ese momento, el objetivo era “mantener las empresas en marcha y reestructurar sus deudas con los acreedores privilegiando las fuentes de trabajo y asegurando así la continuidad del negocio”, según un comunicado que lanzaron en diciembre.

Escenario complejo 

Mientras tanto, Elisa Carrió continúa su enfrentamiento contra los jueces que liberaron a Cristobal. Su campo de batalla es el Consejo de la Magistratura, donde además está el pedido de la Corte Suprema para que se investigue cómo se integró la sala que definió la excarcelación.

Si bien Jorge Ballestero no fue nunca del agrado del macrismo, los dardos de Carrió se dirigen también a Eduardo Farah, el otro magistrado que puso el gancho en la resolución de libertad. Farah, al que hace muchos años ya que no pueden tildar de kirchnerista, es integrante de la Sala II pero votó en esta causa porque ya había intervenido en un expediente relacionado (“conexo”). 

Ahora, el Consejo (también en la mira por el escándalo de los jueces no federales) tiene en sus manos el futuro de dos de los jueces más poderosos de Retiro.