En el marco de su tensionado vínculo con el Gobierno, tras los paros de aeronáuticos y de cara al vencimiento de 65.000 contratos a fin de mes, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará este lunes 23 de septiembre a partir de las 14 un Plenario Federal de delegados para definir nuevas medidas de fuerza frente a los despidos en la Administración Pública Nacional.

Desde el sindicato señalaron que el encuentro, que tendrá lugar en el Anfiteatro Eva Perón de su sede nacional, ubicada en el barrio porteño de Balvanera, tiene como uno de sus ejes la "profundización del plan de acción de los estatales".

A su vez, mencionaron "la exigua paritaria salarial impuesta y el recrudecimiento de la criminalización de la protesta social, con la amenaza de denuncia penal contra el secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar".

TE PODRÍA INTERESAR:

Respecto de los contratos que vencen el 30 de septiembre, cuestionaron que se trata de vinculaciones laborales "sumamente precarizadas". Además, detallaron que "vienen siendo prorrogadas cada tres meses, en el marco de un feroz plan de ajuste que se lleva adelante desde el 10 de diciembre del 2023", día de inicio del mandato de Javier Milei, quien ha hecho de la reducción de la planta estatal uno de los ejes de su plan de disminución del gasto público.

"A pesar que la Justicia en reiterados fallos nos dio la razón, el Gobierno insiste con producir cesantías ilegales en el Estado, afectando el derecho constitucional a la estabilidad en el empleo público", denunció Aguiar.

En cuanto a la cuestión salarial, que oficialmente fue de sólo un aumento del 2% para septiembre y otro del 1% para octubre, además de amenazar con cerrar la negociación de 2024 sin nuevos incrementos, Aguiar remarcó: "Tenemos que ser capaces de quebrar al Poder Ejecutivo en su voluntad de congelar las paritarias en la Administración Pública Nacional".

Asimismo, en alusión a la demanda en su contra por "infundir el temor público en la sociedad", advirtió: "La denuncia penal que se impulsa desde la secretaría de Transporte es un intento de criminalizar los reclamos que llevamos adelante los estatales, con la clara intención de acallar nuestras voces, pero no van a lograrlo".