Quedó para la anécdota quién levantó el teléfono para llamar al otro, si el ministro del Interior Rogerio Frigerio al senador Miguel Pichetto o al revés. Lo exultante que se mostró el histórico bastión justicialista de la cámara alta no ayudó demasiado tampoco. Lo cierto es que este jueves se dio a conocer un acuerdo entre el Gobierno Nacional y lo que el oficialismo considera oposición relevante y con la que se pueda dialogar. Y Sergio Massa. 

El reclamo de Roberto Lavagna por no haber sido convocado rebotó contra una realidad que el propio Lavagna se construyó a fuerza de instalación forzosa en los medios: él dice que no es candidato si no hay una determinada cantidad de condiciones que incluyen no competir en primarias, ser candidato de unidad, que le entreguen el gobierno en algún punto de normalidad –como para no perder la tradición– y, de ser posible, que la presidencia sea la de Chile. Al no haberse blanqueado como candidato, no contar con un cargo electivo legislativo ni ejecutivo y no lograr una intención de voto considerable, tiene cierta lógica que no haya sido invitado a una cumbre entre oficialismo y oposición. 

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El kirchnerismo también estuvo ausente y ello no fue noticia dado que a nadie sorprende que eso ocurra: mientras se negociaba un pacto para vivir, Mempo Giardinelli pedía la abolición del Poder Judicial y Máximo Kirchner aseguraba no importarle los compromisos internacionales de la Argentina. Imaginemos cómo podría haber salido la mera invitación al trazo de un cronograma a seguir a gente que considera que cualquier propuesta del gobierno carece de legitimidad de origen. 

Por la tarde, entre las risas de Pichetto en TN y el relajo del resto de los participantes de la reunión, trascendieron los puntos del Pacto de la Moncloa de saldo: diez ítems diez presentados como políticas de Estado a largo plazo. Diez puntos que son más lógicos en una nación que aún no logró organizarse a través de una constitución y que está mandando emisarios a las provincias para convencer de sumarse al barco. Diez buenas intenciones no explican un sólo cómo. 

«Lograr y mantener el equilibrio fiscal», reza el primer mandamiento, y tiene cierta lógica. Después de todo, cualquier ciudadano que gaste más de lo que tiene termina en la quiebra y no puede decirle al juez «la culpa es del acreedor, si ya saben cómo me pongo, para qué me prestan». Sin embargo, existen mil formas de lograr y mantener el equilibrio fiscal, dependiendo del pragmatismo, y las mismas van desde reducir a cero los gastos hasta dejar de pagar deuda. 

«Sostener un Banco Central independiente, que combata la inflación hasta llevarla a valores similares al de países vecinos», afirma en segundo lugar nuestro decálogo, y está bien conseguir una firma justicialista a tal aseveración, aunque sea la de Pichetto y Massa. Ahora, combatir la inflación hasta llevarle a valores similares al de países vecinos no sólo no tiene un cómo, sino que posee una connotación tan bajita que la meta se reduce a lo que mida el Indec de Bolivia, Chile, Paraguay o Brasil. Procuremos dejar afuera el 8% de Uruguay para 2018, que si bien para nosotros sería un milagro bimestral, queda lejos de cualquier meta inflacionaria de una economía normal. 

«Mayor integración al mundo, promoviendo el crecimiento sostenido de nuestras exportaciones». Un principio básico del comercio convertido en política de Estado tras siglos de mercantilismo global, pero que tampoco aclara el cómo: ¿O acaso la venta de medias a Angola no constituyeron una política exportadora? Cómo, a quién, de qué forma. Mirá si no va a ser importante. 

«Respeto a la ley, los contratos y los derechos adquiridos con el fin de consolidar la seguridad jurídica, elemento clave para promover la inversión». Si el decálogo hubiera bajado del monte Sinaí, este punto debería estar en el pináculo de las expresiones de deseo. Es más, se encuentra en el pináculo del sistema legal. Que alguien muestre como logro ponerle un gancho a este punto no dista demasiado a un compromiso a no matar. Sin embargo, viviendo en un país en el que un gobernador del NEA ha llegado a decir que su forma de garantizar la seguridad jurídica es modificar la legislación de acuerdo a lo que requiera el inversor, esta declaración obvia se convierte en un lograzo histórico. 

«Creación de empleo a través de una legislación laboral moderna». Otra vez: cómo. ¿Qué es una legislación moderna? ¿Quién define lo que es moderno? ¿Cómo piensan garantizarlo sin que vuelen por los aires algunas plazas? ¿Algún modelo para presentarnos? Resultará interesante ver qué opina el concierto de movimientos sindicales en su mayoría peronistas de esta claudicación de Pichetto. 

«Reducción de la carga impositiva, a nivel nacional, provincial y municipal y enfocado en los impuestos más distorsivos». Golazo. Una promesa de campaña eterna de cualquier candidato que se precie de tal, caballito de batalla de Mauricio Macri en 2015 y reclamo de todos los sectores de la sociedad que no forman parte de la política. Ahora, en un país en el que el Impuesto al Valor Agregado se aplica hasta a servicios tecnológicos provenientes de otro país y en el que un producto debe pagar tantos permisos como municipios atraviese a bordo de una 1114 desvencijado, quisiera ver cómo lo aplican. La Argentina cuenta con un total de 163 impuestos, muchísimos de ellos superpuestos y llegando al insólito caso de que, si se quisiera pagar impuestos con un cheque, se pague un tributo para cancelar un tributo. ¿Cómo harán para aplicarlo si existen municipios que cobran servicios funerarios con la factura de luz y no tiene nada que ver con el riesgo de infarto al ver el monto?

«Consolidación un sistema previsional sostenible y equitativo». Gran dilema universal en tiempos en los que la expectativa de vida está llegando a un punto de equilibrio desequilibrante: que una persona viva más años de los que aportó como laburante. Quisiera ver cómo se negocia un sistema previsional nuevo, dado que el existente está al borde del colapso final, luego de décadas de agonía con jubilaciones mínimas. Realmente quiero ver con mis propios ojos nuevamente al peronismo modificando un sistema previsional al igual que en 1954, 1994, 2005 y 2008. En la actualidad, las mejores jubilaciones se perciben en países con sistemas mixtos público-privado. Una reforma así en la Argentina implicaría una guerra civil de morteros para evitar terminar como los neoliberales suecos, donde la jubilación promedio es de mil dólares. Y sí, tienen sistema mixto. 

«Consolidación de un sistema federal, basado en reglas claras, que permitan el desarrollo de las provincias y que impidan que el gobierno nacional ejerza una discrecionalidad destinada al disciplinamiento político». Punto que resultaría interesante si no fuera porque el mismo se encuentra contemplado en la Constitución Nacional desde hace 166 años y sobrevivió a todas las reformas a la carta magna. 

«Asegurar un sistema de estadísticas transparente, confiable y elaborado en forma profesional e independiente». Notable. Un compromiso a no violar la ley, una promesa de no administrar fraudulentamente, un pido gancho que asegura que está bien, que vamos a dejar de mentir descaradamente. 

«Cumplimiento de las obligaciones con los acreedores». Si no restara demasiada seriedad al ya poco serio enunciado, este punto debería ser comentado con un emoji. Resulta de una obviedad tan obvia que el que te prestó guita merece recibir de vuelta lo que es de su propiedad, que pareciera mentira que todavía haya quien nos preste un billete de El Estanciero. 

Sin embargo, más allá de este pormenorizado desaire, la noticia política generó el impacto buscado: que todos nos encontremos sorprendidos por un diálogo entre políticos de distintos sectores, aunque debería sorprendernos otro punto: que los diez puntos que se comprometen a respetar no son políticas de Estado sino pilares básicos de un país, que el respeto por la ley no necesita un compromiso de caballeros y que la gobernabilidad no debería necesitar de ningún otro documento más que el respeto por el voto. 

Pero, Argentina: en tiempos en los que se llega a cuestionar si conviene o no que siga existiendo el Poder Judicial, en un país con una historia en la que cada gobierno desarma todo lo que hizo el gobierno anterior y el que no dinamita hasta las bases puede ser tildado de continuador disfrazado, en esta tierra, un pacto de diez puntos zonzos es un pilar fundamental.