A tan solo un día de haber asumido como ministro de Salud, Mario Lugones pidió la renuncia a los cinco integrantes del Consejo de Administración del Hospital Garrahan, tras la decisión del comité de otorgar un bono de $500.000 para todo el personal del centro médico. Horas después, designó a las nuevas autoridades del órgano, que estará integrado por tres representantes del Gobierno: Soraya Anis El Kik como presidente y Roberto Dalmazzo y Jorge Menehem como consejeros.

El flamante funcionario justificó su decisión en que dicha compensación "no se corresponde con la pauta salarial que marcó el Estado Nacional".

Desde la cartera sanitaria señalaron que "el Consejo definió esta medida sin consultar y sin evaluación previa". Además, destacaron que cada integrante del comité directivo percibe un salario de $5,5 millones, lo que provocó malestar en el ámbito hospitalario.

TE PODRÍA INTERESAR:

El Ministerio también subrayó que "todos los funcionarios que gestionan la salud deben ser responsables con las cuentas públicas" y que deben "administrar los recursos con el objetivo de mejorar la calidad de las prestaciones y cumplir con la premisa del Gobierno Nacional de déficit cero".

Es importante resaltar que, según trascendió, ya existía un descontento previo en el Hospital Garrahan debido a la marcada diferencia entre los salarios del Consejo y los profesionales del renombrado centro asistencial, lo que alimentó tensiones internas. Tal es así que el pasado 4 de septiembre, sus trabajadores realizaron un paro en reclamo de un aumento en sus ingresos y de mejores condiciones laborales.

Durante la protesta, los profesionales exigieron un 100% de recomposición, un salario mínimo de $1.400.000 y la eliminación del pago del Impuesto a las Ganancias, al que consideraron como una "confiscación al sueldo".

Lejos de atender esos reclamos, la administración nacional reiteró que la decisión de solicitar esta dimisión de directivos responde a la necesidad de garantizar que todas las resoluciones, incluso en el sector de la salud, sean tomadas con responsabilidad fiscal, siguiendo la premisa de la Casa Rosada.