El Gobierno finalmente vetó la Ley de Financiamiento Universitario, justo después de la masiva Marcha Federal que tuvo su epicentro en el Congreso de la Nación y se replicó en diferentes ciudades del país, y a pocas horas de que finalizara el plazo para que el Poder Ejecutivo Nacional rechazara la norma. 

"El proyecto de ley en análisis no pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente", expresó el presidente Javier Milei y todo su Gabinete al firmar el Decreto 879/2024, que observó en su totalidad la normativa registrada bajo el N° 27.757.

Asimismo, el mandatario y todos sus ministros argumentaron que "la razonabilidad es un requisito esencial de legitimidad" y que existía una "necesidad imperiosa" de que el Ejecutivo hiciera uso "de todos los medios constitucionales habilitados para evitar la entrada en vigencia de un proyecto de ley que, tal como fuera oportunamente expuesto, no cuenta con previsión presupuestaria ni recursos a utilizar para su financiamiento".

"Acarrea problemas técnicos que imposibilitan su implementación ordenada y afecta de manera tangible los objetivos de política económica fijados por el Gobierno Nacional", añadieron en el texto publicado este jueves en el Boletín Oficial.

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"El financiamiento debe ser discutido al momento de sancionarse el Presupuesto Nacional para el ejercicio fiscal que corresponda", precisó el decreto del veto presidencial.

Antes de la publicación, la Oficina del Presidente había emitido un comunicado adelantando la acción, en el que indicó: "Es un irresponsable proyecto de aumento del gasto público" y agregó que Milei vetará también "cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria especifica y atente contra el equilibrio fiscal".

En la misma línea, instó a los legisladores a entender que "ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos" y a que "comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico".

Se espera que la Cámara de Diputados convoque a una sesión para el próximo 9 de octubre para debatir si avala o rechaza el veto. Según las cifras del "poroteo" más recientes, sería muy ajustada la diferencia entre una y otra posición y, en caso de no llegar a la cantidad de legisladores necesarios, el Ejecutivo podría verse nuevamente dañado por un revés en el Congreso, algo que busca evitar y seguir en la línea del rechazo a la ley de reforma jubilatoria, que logró frenar con el cambio de voluntades de un puñado de radicales.

Mientras tanto, miembros del ministerio de Educación adelantaron que están dispuestos a ampliar las partidas del Presupuesto educativo para el año que viene y así mejorar las condiciones salariales de los trabajadores universitarios.

Sin embargo, desde los gremios aseguran que el Ejecutivo aceptó que los salarios tienen un atraso del 50% con respecto a la inflación: "Lo reconocen, pero no tienen una propuesta para solucionarlo", explicó una fuente de la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN).