A un día del primer encuentro cara a cara con gobernadores luego de la convocatoria oficial para encaminarse al Pacto de Mayo, el Gobierno nacional prolongó la vigencia de un artículo de la Ley de Financiamiento Educativo que destraba el envío de fondos a las provincias. En medio de las disputas por los recortes en las partidas a las distintas jurisdicciones y de los reclamos gremiales docentes, la decisión fue tomada a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) y publicada este jueves en el Boletín Oficial. 

El DNU 231, firmado por Javier Milei y todos los ministros de su gabinete, estableció "la vigencia para el Ejercicio Fiscal 2024 del artículo 7° de la Ley N° 26.075", relacionada con la financiación a las escuelas. La medida garantiza las partidas destinadas a "pago de salarios y al mejoramiento de la calidad y la infraestructura educativa".

Las autoridades especificaron que esta norma, puesta en vigencia de manera inmediata, tiene "en mira los fines, objetivos y metas de la política educativa nacional" y asegura "el reparto automático de los recursos a los ministerios de Educación u organismos equivalentes de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los Municipios, para cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función educación".

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En los considerandos, el Gobierno explicó que, ante la prórroga del Presupuesto 2023 para el actual ejercicio, "resulta necesario y urgente incorporar disposiciones complementarias, necesarias para garantizar el financiamiento del sistema educativo nacional". 

Por otra parte, la norma recordó que el artículo 7° de la mencionada ley fijaba por el plazo de cinco años "una asignación específica de recursos coparticipables con la finalidad de garantizar condiciones equitativas y solidarias en el sistema educativo nacional". 

Según lo establecido por dicha legislación, "el monto total anual de la afectación referida será equivalente al 60% del incremento en la participación del gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología en el Producto Interno Bruto". 

Además, al continuar fundamentando la medida, el Ejecutivo subrayó que "la situación económica y social del país requiere que se garantice la disponibilidad de fondos destinados al cumplimiento de los fines de la ley antes mencionada". 

En conclusión, la renovación de la vigencia de esta normativa significa un alivio para las arcas de los Estados provinciales, en un contexto de recorte generalizado que también afecta al ámbito de la educación. Durante las últimas dos semanas,  con motivo del inicio de clases, varios gremios realizaron medidas de fuerza para protestar por la falta de envío de los fondos por parte de la Nación, en momentos en que también se negocia la paritaria, aún sin acuerdo.