El Gobierno de Javier Milei intensificó su ofensiva contra Nicolás Maduro al pedir este viernes a la Corte Penal Internacional la detención del presidente de Venezuela y de otros dirigentes del régimen. La solicitud fue firmada por la canciller Diana Mondino en virtud del agravamiento de las violaciones a los derechos humanos tras las elecciones que se celebraron el 28 de julio pasado en el país caribeño, que gran parte de la comunidad internacional considera fraudulentas.

En un comunicado, la Cancillería consideró que "la evidencia recogida en el curso de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y los hechos ocurridos con posterioridad a los comicios presidenciales del 28 de julio son elementos suficientes para considerar el mérito del dictado de las mencionadas órdenes de detención".

La acción del Gobierno se produce luego de que, semanas atrás y en comunión con países de América, África y Europa, Argentina exigiera el cese de la represión a ciudadanos venezolanos que se desató luego de los controvertidos comicios presidenciales, que incluyó el arresto arbitrario de varios dirigentes opositores.

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Según el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Maduro fue el ganador de esos comicios, con el 51,2% de los votos, muy diferente al resultado que muestra en una página web una parte de la oposición liderada por María Corina Machado, para quien el vencedor ha sido, por amplio margen, su aliado político Edmundo González Urrutia.

El lunes pasado, la Justicia de ese país libró una orden de captura contra este exdiplomático de 75 años, quien permanece en la clandestinidad y a resguardo, según indicó la líder de Vente Venezuela, proscripta por el régimen de Maduro.

El ministerio de Relaciones Exteriores argentino también repudió entonces esa orden de detención que dictó el chavismo contra González Urrutia.

"La República Argentina rechaza la solicitud de aprehensión emitida por el ministerio Público Fiscal de la dictadura de Maduro contra el ganador de las elecciones presidenciales del 28 de  julio, Edmundo González Urrutia, y alerta a la comunidad internacional sobre una ola de radicalización del régimen que pretende criminalizar a las fuerzas democráticas venezolanas",  remarcó su comunicado.

La Justicia venezolana emitió esa orden por la presunta comisión de delitos de conspiración, usurpación de funciones y sabotaje.