Mediante la Resolución 1.346 del ministerio de Seguridad, publicada en el Boletín Oficial de este miércoles, el Gobierno estableció "la obligatoriedad para todos los internos alojados en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) de participar en las tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios propios y comunes de los establecimientos penitenciarios".

La medida abarca a más de 12.000 internos alojados en 31 establecimientos e impone el cumplimiento de dichas labores durante "cinco horas diarias" que "no serán remuneradas". De lo contrario, sancionarán a los reclusos con pérdidas de beneficios.

El texto oficial consideró que "las personas privadas de la libertad no son víctimas sino victimarios de la sociedad en su conjunto y, en ese entendimiento, el esfuerzo estatal debe estar orientado a que reparen el daño causado y adopten hábitos orientados al reconocimiento de su responsabilidad individual".

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Otro de los fundamentos citados en el documento -con firma de la titular de la cartera, Patricia Bullrich- indicó que "la ociosidad de los internos conlleva al aumento ostensible de los índices de violencia y alteraciones al orden" y "resulta funcional a una subcultura carcelaria vinculada al delito, contraria a la legalidad y a los fines de la reinserción social".

"En ese orden, corresponde que todos los internos alojados en el Servicio Penitenciario Federal participen en las tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios propios y comunes de los establecimientos penitenciarios, pues ello no solo constituye un deber y una obligación de todos los internos que se deriva de lo previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional, en cuanto establece que las cárceles serán sanas y limpias, sino que también son actividades que se orientan a facilitar una convivencia ordenada en beneficio de la población carcelaria", precisó el escrito.

El SPF será el encargado de "elaborar los planes y cronogramas específicos de las tareas asignadas y controlar su cumplimiento", agregaron las autoridades.

El subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, remarcó que esta tarea impuesta "no es trabajo" y que "esto hay que diferenciarlo bien", al explicar que en caso de que los internos se nieguen a cumplir las nuevas obligaciones recibirán como penalidad la restricción del acceso a beneficios estipulados por buena conducta, como las tareas remuneradas y los cambios de celdas, entre otros. No obstante, descartó que esas sanciones tuvieran que ver con las visitas.

"Queremos que los internos dejen de estar ociosos, sin hacer nada, que es el peor castigo que puede tener la sociedad. La persona que no se reinserte atenta contra la sociedad", agregó Curi.