El Gobierno intimó a Camioneros a pagar $40 millones por los gastos de la movilización a Tribunales
Seguridad pedirá esa suma para cubrir los “costos operativos que se emplearon para hacer cesar los actos ilegítimos en miras a mantener el orden público”.
El ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, intimó a los organizadores de la marcha del 27 de diciembre pasado en el Palacio de Tribunales a pagar más de 40 millones de pesos para costear el operativo de seguridad que debieron montar, tal como sugiere el nuevo “protocolo antipiquete”.
A través de una carta enviada al gremio de Camioneros, el Gobierno informó que se les pedirá esa suma para cubrir los “costos operativos que se emplearon para hacer cesar los actos ilegítimos en miras a mantener el orden público”.
En el escrito, el Ministerio le comunicó que el “pago solidario de $40.419.227,56” deberá ser abonado en un plazo de diez días hábiles, a la vez que se enumeró a todas las organizaciones que formaron parte de la manifestación.
Entre las mencionadas se encuentran la UTEP, el MST, SIPREBA, SUTNA, UOCRA, CTA, la Agrupación Izquierda Socialista, la Unión Obrera Metalurgica, la Federación Marítima y Portuaria de la Industria Naval (FEMPINRA), la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), la Asociación Civil Polo Obrero, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Conadu Histórica Y CTA Autónoma.
El texto llevó la firma de Martín Siracusa, responsable de la Secretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad, quién le advirtió al apoderado de Camioneros que quedaba notificado “bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes”.
“Intimo a usted, en su carácter de apoderado del SINDICATO DE CAMIONEROS, al pago de $40.419.227 en el plazo perentorio de DIEZ días hábiles de recepcionada la presente, en concepto de costos operativos que se emplearon para hacer cesar los actos ilegítimos en miras del mantenimiento del orden público. Ello, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes”, indicó el comunicado.
Esta medida de cobrar el operativo de seguridad a los organizadores de las marchas forma parte del “protocolo para el mantenimiento del orden público” anunciado por Bullrich en los primeros días de la gestión de Javier Milei. En aquel momento, había advertido que habría “sanciones severas a todos aquellos involucrados en impedir la libre circulación de los argentinos”.