En medio del proceso de reestructuración del Estado, el Gobierno nacional dispuso que se inicien los trámites jubilatorios de aquellas personas que son parte del personal de planta permanente y cumplan con los requisitos para acceder al sistema previsional. 

La medida fue oficializada mediante la publicación de la resolución 3/2024 del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, en el Boletín Oficial, y busca "mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad, reduciendo el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit y equilibrar las cuentas". 

La intimación a tramitar la jubilación alcanzaría a unos 10.000 empleados públicos, de los cuáles 6.500 son de la llamada "planta permanente", según estimaciones de la mencionada cartera, que firmó un convenio con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para que ese organismo determine quiénes están en condiciones de concretar el trámite.

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La medida incluye un plazo de 30 días hábiles para que las entidades que responden a la Administración Pública Nacional inicien los trámites administrativos del personal que cumpla con las condiciones establecidas en la ley para pasar al sector pasivo. 

A su vez, permite una autorización excepcional "por el plazo prorrogable de seis meses, contados a partir del otorgamiento de la misma, para aquellos agentes de Planta Permanente cuya continuidad se requiera por razones de servicio". 

"La solicitud de prórroga deberá estar justificada circunstanciadamente, sin perjuicio de la obligación del organismo de llevar a cabo las medidas tendientes a reemplazar al agente en condiciones de jubilarse", remarcó el documento. 

De esta manera, la secretaría de Transformación del Estado y Función Pública será la encargada de otorgar esos avales, basados "en la crítica necesidad de los perfiles profesionales en las jurisdicciones u organismos descentralizados". La intención de esto es asegurar que los cambios en la plantilla no alteren el funcionamiento operativo de algunas áreas de sector. 

Con esto, el Gobierno avanza en las modificaciones dentro de la estructura organizativa del Estado, entre las cuales se encuentra también el examen de idoneidad de los empleados contratados para desempeñarse en el sector público nacional. 

Cabe recordad que las evaluaciones se llevarán a cabo en diciembre, cuando vencen las contrataciones, por lo que, para ser renovados, se requerirá la aprobación de los mismos. "El examen lo deberá rendir cada empleado público que ingrese y su resultado lo determinará una computadora. Solo podrá proseguir el proceso de contratación, quien obtenga una nota superior a la de corte", explicó Sturzzeneger tiempo atrás.