Este miércoles, el Gobierno declaró formalmente a la compañía Aerolíneas Argentinas como "sujeta a privatización". La medida se dio a conocer a través del Decreto 873/2024, considerando que "luego de 16 años de la estatización de la compañía, los objetivos propuestos no fueron concretados".

Desde el Ejecutivo explicaron que la norma, que deberá ser refrendada en el Congreso, "se dicta en línea con las políticas adoptadas por el Gobierno Nacional referidas al proceso de apertura económica y en el entendimiento de que la conectividad aérea resulta un pilar fundamental para el desarrollo económico" del país. 

A su vez, el documento publicado en el Boletín Oficial indicó que "esta medida propende a que Aerolíneas Argentinas S.A opere bajo criterios de eficiencia comercial y genere un ámbito de competencia en igualdad de condiciones, profundizando la libertad de los mercados, sin que esto implique la pérdida de soberanía nacional". 

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"La privatización de la compañía y su funcionamiento en condiciones de mercado permitirán una mejor prestación del servicio, el cuidado de las arcas públicas y, principalmente, que los argentinos dejen de financiar el déficit de una compañía ineficiente", puntualizó. 

La semana anterior, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había anticipado: "El presidente de la Nación va a firmar un decreto que declarará la empresa Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización, tal como lo habilita el artículo 90 de la Ley 23.696, llamada ‘Ley de Reforma del Estado'".

Todo esto se da en medio de la creciente escalada de conflicto entre las autoridades libertarias con los gremios, que parece haber llegado a un punto sin retorno y que implica una acusación cruzada de responsabilidades. 

En los últimos días, el extitular de la empresa de bandera Pablo Ceriani consideró que un eventual pase de la compañía a manos privadas "no la volverá más competitiva", y agregó que la administración de Javier Milei trata de "aprovechar un conflicto gremial y escalar la discusión ideológica que tiene sobre las empresas públicas y los sindicatos".

"El mayor impacto es desconectar a países, todo lo que tenga que ver con despidos. Ya hubo 1.500 retiros voluntarios por una falta de actualización salarial. Ya hubo un achicamiento importante", aseguró.

Además, Ceriani opinó que "los sueldos de los pilotos son bajos por el retraso que hay" y concluyó: "Hay una transferencia de activos del Estado, que no creo que se pueda hacer sin la intervención del Congreso".