El primer proyecto de ley del gobierno de Alberto Fernández se debatirá el jueves en el recinto de la Cámara Baja, y probablemente al día siguiente en el del Senado. Todo muy exprés.

Los diputados tuvieron tan solo el martes para estudiar la iniciativa, y el miércoles para debatirla en comisiones. Con la ayuda de poco más de 15 opositores aliados, el Frente de Todos podría obtener su primera victoria parlamentaria el jueves en el recinto de la Cámara Baja.

Pero la sesión no será lo amable que se esperaba: Juntos por el Cambio (JPC) no solo rechaza el proyecto en general, que incluye medidas polémicas, sino que, en un primer momento, sus diputados habían acordado que ni siquiera bajarían al hemiciclo para contribuir al quórum. Finalmente lo harán, pero para que los nuevos diputados puedan asumir. Toda una señal. La relación empezó mal.

El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo; el gobernador jujeño, Gerardo Morales; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el exministro de Hacienda Hernán Lacunza, entre otros dirigentes de la mesa chica de JPC, se reunieron en la mañana del martes e hicieron saber que en el Congreso le quitarían apoyo al megaproyecto por una serie de medidas que incluye.

Entre ellas, la delegación de facultades a través de las emergencias, la intervención de entes reguladores de servicios públicos y la posibilidad de subir aún más las retenciones. Pero acaso la medida más polémica, a la que JPC se opondrá con énfasis, es la suspensión por seis meses de la fórmula de movilidad jubilatoria actual, que ata los aumentos a la inflación.

Como la inflación es alta, y no se explicitó ningún plan inflacionario, JPC sospecha que el Gobierno pretende ahorrarse dinero pagándoles menos a los jubilados. Como compensación, les darán 5.000 pesos en diciembre y 5.000 en enero.

El proyecto también establece un impuesto al 30% para la compra de dólares para atesoramiento, las compras con tarjeta de crédito y débito en el exterior, las compras a través de sitios que facturen en dólares, las compras de servicios en el exterior y la compra de pasajes al exterior.

Por otra parte, establece una postergación de los aumentos tarifarios por seis meses; facultades al Poder Ejecutivo para renegociar la deuda pública interna y externa; un aumento en el impuesto a los Bienes Personales, y planes de regularización de deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social para pymes. Todo está estudiándose de manera frenética y contrarreloj.

[recomendado postid=97593]

A fondo

La estrategia política del presidente Fernández y su equipo, a la vista está, es aprovechar los primeros meses de gracia, de los que goza todo gobierno nuevo, para avanzar velozmente en medidas que le otorguen libertad para tomar decisiones y con el respaldo del Congreso, que no es lo mismo que hacerlo por decreto.

Lo hizo Mauricio Macri cuando en marzo de 2016 mandó al Congreso el proyecto de ley ómnibus que mezclaba la Reparación Histórica a los jubilados y blanqueo fiscal. Macri lo hizo inclusive a sabiendas de que Cambiemos era minoría en ambas cámaras, pero con la presunción de que tendría el apoyo del peronismo no kirchnerista y del massismo para tener la ley, lo que finalmente ocurrió.

Fernández la tiene menos complicada: el massismo y el grueso del peronismo no kirchnerista integran del Frente de Todos, de modo que aunque le falten algunos diputados para llegar al quórum, tiene senadores de sobra.

Foto NA.
Foto NA.

Números

El jueves, antes del debate del megaproyecto, una veintena de diputados jurarán en sus bancas en reemplazo de quienes renunciaron para ocupar puestos en el Gabinete o que resultaron electos para otros cargos, como por ejemplo intendentes.

Con esos reemplazos, el FDT quedará con 119 bancas; JPC, con 116; Federal, 11; Unidad para el Desarrollo Federal (UDF), 8; la izquierda, 2, y, con su monobloque Movimiento Popular Neuquino, la patagónica Alma Sapag.

El oficialismo conseguiría el apoyo del interbloque Federal, que ha hecho saber su predisposición a otorgarle al presidente Fernández las herramientas necesarias para transitar sus primeros meses de gobierno sin inconvenientes, y del interbloque UDF, que integran diputados "sueltos" de cinco provincias y que fue armado por Sergio Massa con el fin específico de que ayuden al oficialismo a sacar leyes.

Aún es temprano para augurar un tablero, pero con estos respaldos el oficialismo podría lograr la aprobación en la Cámara Baja por una diferencia no importante, pero sí cómoda. En el Senado el oficialismo tiene mayoría y no necesita de la oposición para sancionar leyes, aunque en este caso, por los tiempos que se manejan, sí podría tener que negociar.

De los 72 senadores, el Frente de Todos tiene 40 senadores (sin contar al tucumano José Alperovich, que está de licencia tras haber sido denunciado por violación). JPC tiene 26 (sin la riojana Inés Brizuela y Doria, que renunció para asumir como intendenta de la capital provincial y su reemplazo está judicializado), y quedan cuatro "sueltos": la misionera Magdalena Solari, el santafesino Carlos Reutemann, el rionegrino Alberto Weretilneck y la neuquina Lucila Crexell, que este amrtes anunció su salida de JPC argumentando que no la apoyaron en su pelea judicial para asumir en lugar del fallecido radical Horacio "Pechi" Quiroga.

En las últimas horas sonó con fuerza la posibilidad de que el Senado haga su sesión este mismo viernes, como si fuera una carrera de postas. Si es este mismo viernes, no darían los tiempos para que se debata en comisiones, de modo que en el recinto del Senado se debería habilitar el debate sobre tablas, para lo cual según el reglamento se requieren los dos tercios de los votos de los presentes.

Sin Alperovich, ni Brizuela y Doria, y en el caso de que estuvieran todos presentes, los dos tercios son 47 senadores sentados. Es decir que eventualmente el oficialismo debería negociar con los "sueltos" y con JPC el apoyo para habilitar el tratamiento del megaproyecto. Las ausencias podrían jugar un rol clave en la suerte de la iniciativa gubernamental.