El Gobierno Nacional redefinió el funcionamiento del Sistema de Defensa Nacional a través del Decreto 1112/2024, que busca "modernizar" y ampliar las "capacidades" de las Fuerzas Armadas para responder a amenazas contemporáneas y proteger los intereses vitales del país.

La normativa actual deroga el DNU 727/2006, que limitaba su intervención a agresiones externas perpetradas exclusivamente por fuerzas armadas de otros Estados. Esta regulación había sido criticada por restringir la capacidad de respuesta frente a amenazas no tradicionales, como el terrorismo transnacional o los ciberataques.

Con la nueva disposición, el Gobierno amplió el alcance de las competencias militares, incorporando escenarios modernos como el ciberespacio, el espectro electromagnético y el espacio exterior, y reconoce nuevas formas de agresión provenientes de organizaciones no estatales, como grupos terroristas y paramilitares.

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Asimismo, el decreto introdujo un concepto más amplio de amenaza, que incluye cualquier acción o intención que pueda dañar los intereses vitales de la Nación, incluso si no se materializa en un ataque directo. Además, redefine las agresiones externas para incluir no solo a otros Estados, sino también a actores no estatales con capacidad transnacional.

El uso de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, la robótica y los sistemas no tripulados, para reforzar la vigilancia y defensa en distintos ámbitos serán nuevas opciones en el trabajo militar. 

En el artículo 17 se destacó: "La Defensa Nacional coadyuva al sistema de vigilancia y control de fronteras. Para ello, en tiempos de paz, las Fuerzas Armadas podrán complementar el accionar de las Fuerzas de Seguridad en las zonas de seguridad de fronteras, definidas en el Decreto N° 253/18. En esos despliegues podrán llevar a cabo actividades de adiestramiento operacional, brindar apoyo logístico al sistema de seguridad interior, realizar acciones de apoyo a la comunidad y prestar asistencia ante catástrofes naturales o emergencias".

A diferencia del decreto anterior, que separaba estrictamente las funciones de Defensa Nacional y Seguridad Interior, la nueva normativa promueve una coordinación estratégica entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad en áreas clave como las fronteras. Esta integración permitirá una respuesta más eficaz ante actividades ilícitas como el narcotráfico o el uso del espacio aéreo con fines terroristas.