El Ejecutivo nacional denunció por amenazas y extorsión al secretario general del gremio de pilotos, Pablo Biró
La demanda se debe a que el sindicalista había adelantado, tras la declaración de la esencialidad del servicio por parte del Gobierno, que la situación relacionada con los paros en el sector aeronáutico empeoraría.
Este miércoles, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia "por el presunto delito de extorsión y amenazas" contra Pablo Biró, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), tras las declaraciones en las que el gremialista advirtió que el conflicto en torno al transporte aéreo se iba a poner "mucho peor".
"Dichas afirmaciones generan serias preocupaciones sobre el impacto que podrían tener en la operación de Aerolineas Argentinas. y en la seguridad de los pasajeros", precisaron desde el Gobierno.
La presentación oficial se produjo luego de que el sindicalista realizara el mencionado comentario a los medios, en el marco de una puja entre las autoridades y algunas de las entidades que nuclean a los trabajadores aeronáuticos, lo que motivó a los abogados de la cartera liderada por Patricia Bullrich a iniciar las acciones legales.
A través de un comunicado, el ministerio informó que se le pidió a la Justicia que actúe ante "la gravedad de las amenazas vertidas por el titular de APLA". Y argumentó que las declaraciones de Biró podrían exceder el derecho constitucional de huelga, especialmente al tratarse de un servicio esencial como es ahora el transporte aéreo, según fue reglamentado recientemente por la administración de Javier Milei.
En la presentación judicial se destacó que una interrupción abrupta en este sector podría afectar considerablemente la seguridad pública, subrayando que cualquier medida de fuerza debe ser razonable y proporcionada.
El reclamo fue formalmente presentado ante el Juzgado Criminal y Correccional N°12, a cargo de Elizabeth Paisán, por Fernando Oscar Soto, director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales. El ministerio informó que con esta acción busca preservar la estabilidad de un servicio esencial y proteger los derechos de los ciudadanos.
"Cualquier medida de fuerza que afecte servicios públicos esenciales, sin agotar otras vías previas, podría ser considerada una 'huelga salvaje' y, por lo tanto, quedar fuera del amparo constitucional", añadieron.
Esta decisión llega tras las declaraciones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien afirmó en diálogo con Radio La Red: "No vamos a permitir que se imponga la voluntad de Pablo Biró".