El Obispado de Zárate-Campana echó al sacerdote Javier Olivera Ravasi, uno de los que organizó la visita de los diputados de La Libertad Avanza a genocidas detenidos en la cárcel de Ezeiza, luego de recibir "numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes que se oponían al testimonio cristiano".

A través de un comunicado difundido este jueves, la Diócesis informó que le quitó al cura -hijo del exmilitar Jorge Antonio Olivera, condenado por violaciones a los derechos humanos- el permiso para desarrollar actividades pastorales en su jurisdicción, en la que reside por "razones familiares", ya que en realidad está radicado en la de San Rafael, Mendoza.

Desde el Obispado señalaron que "en reiteradas ocasiones" recibieron "numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes, que se oponían al testimonio cristiano -máxime proviniendo de un sacerdote-", y aseguraron que "se le pidió un cambio de actitud y comportamiento en su proceder".

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"Al no observarse hasta el presente el cambio requerido en su actitud, y teniendo en cuenta que el mencionado sacerdote no pertenece a esta diócesis de Zárate-Campana, así como por el bien de la comunidad diocesana, hechas las consultas pertinentes, se le ha comunicado que en adelante no tiene autorización para residir en esta diócesis", sentenciaron.

En cuanto a la radicación de Olivera Ravasi en el Obispado bonaerense, detallaron que se le concedió vivir allí "por el término de cuatro meses, desde el 20 de agosto de 2019 hasta el 31 de diciembre del mismo año" y "posteriormente dejó el lugar", pero "retornó varias veces sin aviso alguno".

La sanción conocida este jueves tuvo lugar luego de que desde la propia Conferencia Episcopal Argentina aclararan que "lo expresado y actuado" por el cura en relación a la visita de un grupo de diputados a la cárcel de Ezeiza "no corresponde ni al pensamiento ni a la actitud" de la Iglesia Católica y afirmaran que "se trata de una acción particular y personal".

Según trascendió, el hijo del mayor Jorge Antonio Olivera, quien cumple prisión domiciliaria por su participación en delitos de lesa humanidad, habría alentado la reunión de los legisladores libertarios Lourdes Arrieta, Beltrán Benedit, Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra y Rocío Bonacci con represores de la última dictadura cívico militar, entre los que se encontraban los exmarinos Alfredo Astiz, Antonio Pernías y Adolfo Donda, el exagente de inteligencia Raúl Guglielminetti y Carlos Guillermo Suárez Mason (hijo).