La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) despidió a Miriam Améndola, quien iba a asumir como coordinadora de Fiscalización Médica, luego de la polémica generada por una normativa publicada en el Boletín Oficial que incluyó términos como "idiota", "imbécil" y "débil mental".

El caso tomó estado público cuando se conoció que la Resolución 187/2025 del organismo, publicada el 16 de enero, incluía una terminología obsoleta y considerada ofensiva en su Anexo 1. Ante la repercusión, el Gobierno anunció que daba marcha atrás con la norma y responsabilizó a Améndola y a su antecesora, Tatiana Alvarado, quien participó en la redacción del documento pero dejó el cargo antes de su publicación.

El titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, reconoció la gravedad del hecho e informó que las personas responsables de lo que pasó ya fueron desvinculadas.

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En dicho documento debían categorizarse distintos criterios médicos para evaluar los grados de discapacidad intelectual. Esto debía realizarse para fijar criterios de evaluación para las personas que pueden acceder o continuar recibiendo una pensión por invalidez. Sin embargo, la terminología fue ofensiva y debido a ello hubo repercusiones. De hecho, siete organizaciones civiles presentaron un reclamo administrativo para que la resolución sea dejada sin efecto.

Desde la ANDIS debieron salir a aclarar la situación: "La publicación de los términos en cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta". 

También anunciaron que la resolución será modificada para "garantizar que la terminología utilizada esté alineada con las referencias internacionales".