El viernes pasado, Vanessa estaba en su casa en Villa Lugano cuando la policía le tocó la puerta. Le dijeron que tenía que acompañarlos para "firmar una notificación". Ella preguntó si podía llevar a su nene de dos años. Le dijeron que sí y sus otros dos hijos quedaron en la casa. Vanessa no tuvo que firmar nada: fue trasladada a una celda sin luz ni agua y de ahí directo al Aeropuerto de Ezeiza. El lunes a la tarde, con la gestión de la Dirección de Migraciones, fue expulsada del país junto con su nene y sin haberse podido despedir de sus hijos ni de explicarles qué estaba pasando.

Vanessa tiene 33 años y tres hijos, todos argentinos. Llegó al país desde Perú hace más de quince años. Fue condenada en un juicio abreviado en 2013 a cuatro años de prisión por comercio de estupefacientes, lo que significa que aceptó haber cometido un delito. Una vez que cumplió con su condena, se dedicó a estudiar y se recibió de enfermera en un terciario. Mientras trabajaba y estudiaba, se ocupaba de la crianza de sus chicos, de que fueran al colegio, de ponerle las vacunas. 

Al mismo tiempo, la Dirección Nacional de Migraciones inició el procedimiento para expulsarla. Vanessa recordó varias veces que era madre de tres chicos argentinos y que hay muchos casos dentro del sistema judicial que priorizan el interés del niño por sobre el castigo a la madre. Sin embargo, las autoridades insistieron y mucho. Un juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal finalmente les dio la razón, a pesar de que meses antes no habían podido ubicarla para notificarle un paso formal de la causa.

A Vanessa la llevaron el viernes a una dependencia sin luz ni agua y con su bebé de dos años. En esas condiciones tuvo que amamantarlo, cuando aún no sabía qué iba a pasar con ella. Su abogado presentó un hábeas corpus apenas se enteró porque nadie debería estar siquiera cinco minutos en ese lugar. En el medio, fue trasladada directamente a Ezeiza el sábado, algo completamente inusual.

El domingo, y a contrarreloj, la defensa hizo otra presentación pero en la justicia de Lomas de Zamora. En realidad, lo intentaron ya que no había nadie para recibirla. El lunes por la mañana, presentaron un amparo donde hicieron hincapié en los derechos del niño, de la mujer y en la importancia de la reunificación familiar. Intentaron también una presentación en Migraciones para que revise el caso. Las intervenciones fueron respondidas con trabas burocráticas y con la clara intención de no querer recibir nada.

Vanessa fue expulsada este lunes a las 19 hacia Perú, un país donde prácticamente no tiene familia. Con ella, fue expulsado también su nene de dos años, ciudadano argentino. En Villa Lugano quedaron sus otros dos hijos, separados de su madre por el capricho electoral de expulsar a la mayor cantidad de extranjeros posibles. La estrategia ahora es lograr su regreso, aunque no será ni tan rápido ni tan fácil como fue su expulsión.

¿Realmente vale la pena que el Estado gaste su tiempo y sus recursos en separar a una madre de sus hijos? ¿Hay un criterio más allá de la xenofobia? ¿Representa una amenaza una mujer joven que cumplió su condena, se reinsertó en la sociedad, estudió y crió a sus hijos? A nadie le importa quién se hará cargo de dos chicos o como se mantendrá una mujer que hace quince años armó su vida y su familia acá y ahora está en un país en el que está totalmente sola. Vanessa es sólo un número más en la estadística oficial.