Dictamen, cruces y mitos: el Senado votará el proyecto de aborto legal después de cinco días de intenso debate

El proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) logró el dictamen de las tres comisiones que integraron el plenario del Senado y será tratado en el recinto el martes 29. La votación será ajustada y todavía hay senadores indecisos.

El dictamen tuvo disidencias parciales de Edgardo Kueider y Ernesto Martínez. El pedido de Alberto Weretilneck sorprendió: está a favor de la iniciativa pero aclaró que "el inciso 'b' de la manera que está planteado no es el espíritu que tiene que haber en esta ley. Voy a pedir modificaciones". Ese inciso prevé la posibilidad de interrupción del embarazo por fuera de la semana 14.

Asimismo, Silvina García Larraburu que en 2018 había votado en contra, firmó el dictamen y ahora se sumaría a los votos verdes.

Otra de las senadoras indecisas es Stella Maris Olalla, que ayer no firmó el dictamen. Mantendrá en resguardo su decisión hasta la votación porque fue presionada en su domicilio por militantes antiaborto. De hecho, ayer iba a publicar un comunicado pero finalmente no lo autorizó.

Introducir modificaciones a esta altura dificultaría la sanción del proyecto, porque Diputados lo tendría que tratar de nuevo. En el caso de que la iniciativa se apruebe en general y los algunos artículos cuestionados no se aprueban en particular también regresará a la Cámara baja.

La otra opción que ayudaría al oficialismo es incluir cambios en la reglamentación de la ley. “Es loable que en el recinto dejemos asentadas las inquietudes, marcar el espíritu de los legisladores y la ley, y que los planteos sean eventualmente resueltos o atendidos a partir de la reglamentación de la ley con las autoridades del Gobierno”, expresó el presidente de la comisión de Justicia, Oscar Parrilli.

El fin de los mitos

Durante esta semana, y antes de votar el dictamen, profesionales de la salud, juristas, periodistas, investigadores, sociólogos, escritores, docentes y miembros a favor y en contra de la interrupción voluntaria del embarazo expusieron. Las voces que defendieron la salud y la autonomía de las mujeres se contrapusieron con los derechos de la persona por nacer.

Las exposiciones de sanitaristas y expertos en medicina no encontraron puntos de acuerdo sobre los efectos que podría tener la aprobación de la ley. A su vez, el cuestionamiento a la falta de constitucionalidad de los expositores celestes se hizo presente. Frente a esto, los especialistas a favor de la legalización de la práctica expusieron sobre el respeto de la iniciativa a la Constitución Nacional.

La incidencia de la Ley IVE sobre la mortalidad por complicaciones relacionadas al embarazo se debatió mucho el miércoles. Además de los costos que generará la interrupción voluntaria del embarazo.

Sobre este último punto, la funcionaria Sonia Tarragona del Ministerio de Salud, mostró un informe del 2019 y actualizado este año, que comprueba que "el 75% de las interrupciones del embarazo tiene contacto actualmente con el sistema público de salud, aunque el aborto se haya producido por fuera del mismo".

A su vez, afirmó que el costo actual de los abortos inseguros o por fuera del sistema de salud llegan a costar por año $51.900 millones, lo cual implica cerca de 457.000 anuales. "La diferencia es indiscutible. Hoy estamos gastando mucho más por no hacer los abortos en el sistema legal", afirmó Tarragona. De esta manera, echó por tierra el mito de que al Estado le saldrá más caro practicar la ley IVE.

Otro tema debatido fue la importancia de que el aborto inseguro es evitable y la legalización ayudará en ese sentido. "Por cada mujer fallecida a causa de un aborto inseguro, existe una proporción mucho mayor de mujeres que padecen complicaciones que ponen en riesgo su vida", expresó Analía Messina, médica tocoginecóloga y jefa del servicio de Obstetricia del Hospital Álvarez.

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El proyecto va en línea con la Constitución

También se discutió sobre la constitucionalidad o no del proyecto. En ese tramo del debate expusieron abogados constitucionalistas como Andrés Gil Domínguez.

El integrante del consejo asesor para la reforma judicial y profesor de derecho constitucional aseguró que "no hay ningún tipo de incompatibilidad" entre el proyecto de ley en discusión y la Convención sobre los Derechos del Niño", sino que "por el contrario, con esta iniciativa se está honrando el derecho a la vida de las niñas, niños y adolescentes".

Por su parte, el exministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra declaró que "no hay ninguna regla constitucional que obligue a penalizar el aborto". Además afirmó que quienes se oponen a la práctica "personifican u humanizan al proyecto de vida" y remarcó que "el embrión no es una persona ya nacida" .

Asimismo, la abogada y directora ejecutiva del Equipo latinoamericano de Justicia y Género, Natalia Gherardi, destacó la importancia de "garantizar mejores condiciones para el ejercicio de la libertad individual".

A corazón abierto: expuso la médica de "Lucía"

"Vengo ante ustedes como una médica católica, madre de cuatro hijos, objetora de conciencia que intenta conciliar su religión con la salud pública", expresó al comienzo de su presentación la ginecóloga, Cecilia Ousset.

La médica de Tucumán y su esposo, José Gigenna, fueron denunciados en 2019 por un grupo de abogados tras haber garantizado la interrupción legal del embarazo (ILE) sobre Lucía, la niña de 11 años que había sido violada y embarazada por la pareja de su abuela.

Ousset explicó que "todas las mujeres abortan: la casada, la soltera, la católica, la judía y la atea. Las que no usan métodos anticonceptivos y a las que les falló el método". A su vez, reconoció que ejerció violencia obstétrica sobre sus pacientes.

La médico reclamó por la legalización del aborto y leyó con emoción una carta de Lucía hacia los senadores. "Doctora, decile a los senadores que ninguna menor de edad tiene que pasar por lo que yo pasé. A mi a veces me dicen que tuve una hija que está viva y que la tiene el médico que me visitaba todos los días", arranca la carta.

Y sigue: "Otros me dicen asesina porque dicen que mi provincia es provida. Deciles que cuando dicen que el aborto no es legal, los médicos se confunden y creen que ningun aborto es legal y se enojan con nosotroas aunque seamos menores".

"Deciles que tienen que obligar a los médicos a ayudarnos y que no tienen que tardar ni un solo día. Bah, ¡qué día! ¡ni un solo segundo!", cierra el mensaje de Lucía.

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El oficialismo también discutió

Mientras que el ministro de Salud, Ginés Gonzáles García, la ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, y la secretaría de Legal y Técnica, Vilma Ibarra explicaron el proyecto a los senadores, el jefe del bloque oficialista, José Mayans se paró en la vereda opuesta. 

“Yo escuché a los ministros y a la secretaria Legal y Técnica. Obviamente no compartimos ninguno de los argumentos que han dado, para mí han sido argumentos no válidos”, afirmó. Y adelantó "que quede bien claro: no es que nosotros venimos a aceptar, los escuchamos, vamos a escuchar a los expositores y después vamos a sacar las conclusiones”.