En dos semanas, Hugo Moyano tendrá que viajar a Córdoba para protagonizar la que será su primera indagatoria. El juez Alejandro Sánchez Freytes considera que hay indicios suficientes como para que el sindicalista tenga que defenderse de la acusación por defraudación y lavado de dinero.

La causa nació de un informe del Registro de la Propiedad de Córdoba, que sugirió como sospechosa la compra de cinco terrenos que había hecho el sindicato de Camioneros. Por esos lotes se pagaron $6 millones, cuando la valuación fiscal era de $964 mil y habían sido supuestamente adquiridos meses antes por otra persona a un valor mucho menor.

Si bien el llamado de atención que hace el Registro de Propiedad llega a la Unidad de Información Financiera en marzo de 2014, pasaron varios años hasta que el fiscal Gustavo Vidal Lascano hiciera algo al respecto. En ese momento, Moyano estaba en pleno enfrentamiento con Cristina Fernández de Kirchner. Hubo, incluso, un dictamen en febrero de 2015 de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos que sugería que se investigue la maniobra. Nada.

Cuando el año pasado Moyano y el Gobierno blanquearon su enfrentamiento, Vidal Lescano arrancó. El último día hábil antes de la feria judicial le pidió al juez que llame a indagatoria al sindicalista. Coincidencias.

Mas allá del timing de la citación (que coincide con el 27% que exigió Moyano en paritarias) hay movimientos que no se terminan de comprender entre los involucrados en la maniobra. Hay nexos entre los vendedores y personas que supuestamente no podrían justificar sus ingresos.

Moyano llega a esta causa por haber firmado la adquisición. Para probar la acusación de lavado de dinero, debe existir un delito anterior que justifique el origen de los fondos que se pretendió lavar. En este caso, vendría a ser la defraudación. Es decir, la acusación considera que se "infló" el precio para blanquear la plata que venía de otros negocios inmobiliarios.

La indagatoria es el momento donde un acusado ejerce su defensa. La situación donde escucha todas las pruebas en su contra. En Comodoro Py funciona como una especie de pre-procesamiento. Casi nadie zafa de ser procesado en Retiro después de un llamado a indagatoria. La estadística en causas políticas se sitúa por encima de un 90%.

Otro inconveniente para el líder sindical fue el allanamiento que hoy se realizó en la sede del gremio. La causa no lo vincula (al menos por ahora) pero la sola mención de Camioneros en un tweet de Patricia Bullrich ya genera suspicacias. Lo que se investiga es si miembros del sindicato extorsionaron a empresarios del transporte.

La semana pasada fue allanada la sede San Miguel, donde se encontraron US$130 mil y $300 mil dentro de una caja fuerte. Desde el programa de Luis Majul, Graciela Ocaña, la enemiga número uno, no tardó en vincular a Moyano con la maniobra. Hasta el momento, la investigación está centrada en la provincia de Buenos Aires.

Mientras tanto, hay ligeros avances en las causas que se siguen en la justicia federal de Quilmes y en el penal económico. Desde cierto sector del Gobierno esperaban mayor rapidez en la tramitación de las causas. Esperan, confiados, que esta indagatoria cumpla con el efecto avalancha disciplinadora.