En una jornada cargada de tensión en la Cámara de Diputados, el Frente de Todos junto con otros bloques como Consenso Federal buscaba a convertir en ley una iniciativa para ayudar a la industria del turismo, una de las áreas económicas más afectadas por la irrupción de la pandemia del nuevo coronavirus.

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Con el rechazo de JxC a la prorroga al protocolo de sesiones remotas y en medio de acusaciones cruzadas que se extendieron durante horas por el funcionamiento del órgano legislativo, la bancada del oficialismo también dará lugar al tratamiento de un proyecto para endurecer las multas por la pesca ilegal en el Mar Argentino.

La propuesta para brindarle asistencia estatal al turismo fue sancionada por unanimidad en el Senado y contempla una inversión de hasta $16.000 millones en algunos rubros. El objetivo es darle aire a los prestadores privados para recuperar la competencia del sector tras el aluvión del Covid-19.

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La implementación de las medidas para reactivar la productividad turística, de acuerdo al documento aprobado en la Cámara alta, será por 180 días desde su sanción y el Gobierno nacional las podrá prorrogar por el mismo período.

Las 9 claves del plan para el turismo

  • El proyecto contempla la entrega del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) para 15.000 empresas, que representan al 75% del sector. Se estipuló desde el 1 de junio al 31 de diciembre, pero la Casa Rosada se comprometió a extenderlo más allá de la cuarentena. Sólo lo podrán cobrar si su actividad se encuentra paralizada o tiene una facturación menor al 30%. Además, tendrán una reducción de pago del 95% en las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino.

  • La ayuda incluirá a empresas que alojen personas de forma temporal, compañías de transporte relacionado al turismo y cualquier firma relacionada a servicios turísticos que haya perdido ingresos a causa de la pandemia. Contendrá a bares, restaurantes, cines, teatros, producciones musicales y boliches. Se les prorrogará por 180 días el vencimiento del pago de impuestos "existentes o a crearse" que operen hasta el 31 de diciembre del 2020 y dispondrán de créditos a tasa cero, durante los próximos 12 meses, para abonar costos fijos.

  • Programa de Preventa: buscará potenciar la demanda del turismo interno nacional. Se entregarán cupones de crédito equivalentes al 50% del valor de cada operación de compra anticipada, si la misma se hace en servicios ofrecidos dentro del país.

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  • Programa Bono Fiscal Vacacional: a través de boletas electrónicas, se les otorgarán bonos a familias que no perciban un ingreso superior a cuatro salarios mínimos. Los deberán utilizar en la compra de servicios turísticos en el territorio nacional.

  • Programa Turismo Para Mayores: apunta a la realización de viajes, por parte de ese grupo etario, "como actividad preventiva de la salud y para su bienestar personal". Como estímulo, tendrán descuentos especiales en la temporada baja.

  • Programa de Financiación de los Paquetes Turísticos de Viajes Estudiantiles: es un impulso, a través de créditos específicos, a las empresas encargadas de realizarlos dentro de la Argentina.

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  • Reprogramación de los servicios contratados dentro de un período de 12 meses posteriores al levantamiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

  • Entrega de vouchers para utilizar en servicios similares hasta 12 meses después del cese del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Podrán transferirse a terceros.

  • Reintegro del dinero abonado por los servicios contratados a través del pago de seis cuotas iguales.

El proyecto para limitar la pesca ilegal

La iniciativa fue girada por la administración nacional a la Cámara baja y prevé aumentar las multas por estas prácticas ilícitas. El texto modifica varios artículos de la ley de Régimen Federal de Pesca (N°24.922), sancionada en 1998.

La ampliación y la actualización de las sanciones apunta a desalentar la actividad de los buques en el Mar Argentino. Según el artículo 51 bis de la norma actual, las multas por este delito van desde los $5 a los $10 millones.

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El anteproyecto que envió el Gobierno indica que "la sanción de multa será establecida en unidades de valor denominadas Unidades Pesca (UP), equivalentes al precio de un litro de combustible gasoil". Ese régimen variable lo determinará la Autoridad de Aplicación.

La nueva ley prevé montos equivalentes que van de los 500 mil litros de gasoil a los 3 millones de litros. Traducido en dinero, el piso de las multas es de U$S 1,1 millones y el tope de U$S 6,5 millones.