"Hay una dictadura en Jujuy”, dijo hoy Milagro Sala desde la casa donde cumple prisión domiciliaria, horas después de ser condenada a 13 años de prisión como jefa de una asociación ilícita. Tanto el oficialismo provincial como del nacional festejaron el fallo judicial. "Cuando hay un juez que aplica la ley y un tribunal que dicta sentencia no se puede hablar de presos políticos”, dijo hoy el ministro de Justicia, Germán Garavano, a La Nación.

La causa conocida mediáticamente como "Pibes Villeros” parte de una denuncia impulsada por el gobierno de Gerardo Morales en 2016 y es la primera condena que recibe Sala relacionada con la construcción de viviendas sociales en Jujuy. Además de la asociación ilícita, las juezas Alejandra Tolaba, Claudia Cecilia Sadir y Ana Carolina Pérez Rojas la condenaron por extorsión y por fraude a la administración pública. Los fundamentos de la decisión aún no se conocen pero desde la defensa de la dirigente social ya anticiparon que van a recurrir el fallo a la siguiente instancia y, si es necesario, a los organismos internacionales.

Para la abogada Elizabeth Gomez Alcorta, "las juezas necesitaban si o si un fallo antes de mañana porque si no Milagro debía quedar en libertad”. Esto es porque, de acuerdo a la ley, la prisión preventiva debiera durar dos años, con la posibilidad de extenderla hasta tres. La defensa de Sala cuestionó, además, que no hicieron lugar a sus pedidos para que se realizara un estudio sobre las obras que se llevaron a cabo y que sólo aceptaron la declaración de 13 de los 60 testigos que habían solicitado.

"La mayoría de los niños que antes estaban en las piletas de la Tupac, hoy trabajan en la caña gracias a Morales”, dijo Sala hoy en diálogo con radio FM La Patriada. A sus declaraciones hay que sumar las de Cristina Fernández de Kirchner, que tuiteó esta mañana una foto de la dirigente: "Ayer en Jujuy, un paso más en la brutal persecución que sufre Milagro Sala, con una condena a medida de Macri y Gerardo Morales”.

Cuando se conozcan los fundamentos del fallo, la defensa podrá llevar el caso a la siguiente instancia judicial. De todas formas, Gomez Alcorta dejó en claro que no confía en el Poder Judicial jujeño y que aspira a llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, si es necesario, a organismo internacionales para que intervengan en el expediente.