La tensión entre el Gobierno nacional y el Campo continúa en aumento. Esa relación que parecía irrompible -luego de la victoria electoral del presidente Mauricio Macri en 2015 y el anuncio de un esquema de bajas paulatinas de retenciones- vive ahora su peor momento.

La ruptura comenzó hace algunas semanas, cuando el gobierno enfrentó la crisis cambiaria que llevó al dólar por encima de los $25. En aquel momento, el oficialismo le pidió al Campo -a través de una referente de ambas partes, la diputada nacional Elisa Carrió- que liquide las toneladas de soja con el objetivo de que ingresen divisas al país y frenar la corrida cambiaria que era enfrentada con reservas del Banco Central. Sin embargo, al campo le convenía que el valor de la divisa extranjera aumente, para liquidar a un mayor precio.

Por otra parte, la decisión del gobierno de aumentar la velocidad del equilibrio fiscal para convencer al Fondo Monetario Internacional de que le otorga a la Argentina un préstamo Stand By de 25 mil millones de dólares género un nuevo conflicto con el agro. Para reducir ese déficit, el oficialismo sabe que no puede recortar más jubilaciones ni asistencia sociales -los pedazos más grandes de la torta del gasto público- por lo que una opción viable era aumentar -o mantener constantes-  las retenciones que prometió disminuir anualmente cuando Macri asumió.

Como respuesta, el titular de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, afirmó que el Campo "puede aportarle mucho al país si no hay retenciones”. En parte, parece tener razón: la baja de la pobreza (medida por Indec) que mostró el presidente Macri hace unos meses se explicó -básicamente- por un aumento de la actividad de las economías regionales ligadas a la agroindustria.

Algunos rumores indican que la iniciativa de aumentar retenciones apuntó simplemente a que el campo liquidase sus cereales.

También se desató otro conflicto entre el Campo y el Gobierno por el predio de "La Rural”, adquirida por la Sociedad Rural Argentina en 1991. El gobierno denunció ante la Justicia que la entidad compró el predio "por una suma vil” y, por ende, exige que el terreno sea devuelto al Poder Ejecutivo.

El juicio comenzará el 6 de junio. Además de la fiscal Gabriela Baigún, el Gobierno tiene como querellante a la agencia de Administración de Bienes del Estado. Ambos solicitarán que el predio sea devuelto a manos del ejecutivo. En consecuencia, Daniel Pelegrina sostuvo lo que la entidad compró "a derecho” el predio que está ubicado en Palermo y que fue adquirido por 30 millones de dólares.