Apenas 24 horas después de que el Gobierno anunciara la eliminación del 40% de los Registros del Automotor, junto con una serie de medidas de flexibilización para los conductores, el personal afectado dispuso un "cese de actividades" a partir de las 8.30 del próximo lunes, por "tiempo indefinido".

"En virtud de lo expuesto públicamente, concerniente al cierre de un porcentaje de los Registros Seccionales, los trabajadores registrales comunicamos que, vistas las circunstancias que amenazan nuestra fuente laboral y por consiguiente a los organismos que nos la proveen, hemos decidido el cese de actividades hasta tanto el ministerio de Justicia convoque al diálogo a nuestros encargados", informó un comunicado difundido este sábado por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA).

"En este marco, no habrá recaudación ninguna para girar a dicho ministerio. La medida abarca a todos los Registros Seccionales y a sus trabajadores registrales en toda la República Argentina", agregó el texto.

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"En ese sentido, estamos absolutamente seguros de que el ministerio de Justicia y Derechos Humanos velará y responderá por la seguridad jurídica registral de los ciudadanos hasta que esté en condiciones de entablar diálogo con nuestros encargados", continuó.

"Por la política económica que subyace, entendemos que ‘no hay plata’. Entonces no habrá registración ni recaudación", concluyó el comunicado de la DNRPA.

Este viernes, en línea con el mega DNU de desregulación económica del Gobierno, vigente desde finales de diciembre pasado, el ministerio, tras concluir una primera auditoría en el sector, comunicó una serie de disposiciones "con el objetivo de bajar costos y eliminar trámites burocráticos".

Además de cerrar el 40% de los organismos registrales, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años, ordenó la reducción del 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.

También eliminó el Certificado de Transferencia Automotor (CETA), que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP; la "cédula azul" y el vencimiento de las "cédulas verdes".

Asimismo, dispuso que los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100% de sus costos operativos y la digitalización de la totalidad de los legajos de los vehículos, y se invitó a las provincias a adherirse al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes.

En el mismo sentido, se anunció la implementación de un Régimen de Concursos transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años y de una auditoría al sistema de fiscalización de los Registros Seccionales, a la vez que se derogó el régimen que impone el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos. 

Finalmente, el ministerio estableció la digitalización de la verificación policial de vehículos y un aumento del importe que obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir una unidad.