Las negociaciones que llevó a cabo el Gobierno Nacional con la UOM, las empresas de productos electrónicos y autoridades de la provincia de Tierra del Fuego llegó a un polémico acuerdo. El objetivo del Ejecutivo, bajar los precios del rubro tecnológico, chocó contra los intereses de una industria que necesita tiempo para lograr competir con las importaciones.

De esta manera, todas las partes cedieron un poco para llegar a un acuerdo. En primer lugar, el impuesto a los productos importados se reducirá de 17 a 10,5 por ciento en 2018, y seguirá bajando gradualmente -en 2023 será dos por ciento y nulo a partir de 2024.

Además, el Ejecutivo aceptó reducir a cero por ciento los la alícuota a pagar por los productos que se fabriquen en la isla, en aras de que puedan mejorar su competitividad y achicar la brecha que existe entre los precios nacionales y los de países vecinos como Chile o Paraguay.

Sin embargo, para asegurar que no haya despidos, los gremios aceptaron congelar los salarios de los trabajadores del secor por dos años. De esta manera, hasta el 30 de junio de 2020, no se abrirán paritarias, siempre y cuando las empresas respeten el acuerdo y mantengan a los 9200 empleados que componen el sector.

Con estas medidas, el decreto 252 de 2009, sancionado por el kirchnerismo para generar crecimiento en la industria fueguina, comienza a diluirse. El Gobierno mantiene con firmeza la idea de normalizar los precios dentro del país, tanto de los servicios como los productos.