El Gobierno echó este jueves a 15 empleados de Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de rampa y valijas en los aeropuertos, luego de la sorpresiva medida de fuerza que llevaron a cabo en Aeroparque y Ezeiza, que afectó a decenas de vuelos y pasajeros. La decisión la dio a conocer el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales. 

"Hoy decidimos la desvinculación de 15 empleados de Intercargo que ayer (miércoles) tomaron de rehenes a los pasajeros a través de un piquete aéreo. En la Argentina que estamos construyendo, no vamos a permitir estos mecanismos de extorsión", escribió el funcionario. 

En la víspera, un paro inesperado y sin aviso por parte del personal de la empresa que brinda servicio de rampa complicó las operaciones en los aeropuertos Jorge Newbery y Ministro Pistarini, en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, La ausencia de trabajadores para gestionar el equipaje -y el ascenso y descenso de los pasajeros a los aviones- produjo demoras y cancelaciones en casi todas las compañías, salvo Aerolíneas Argentinas (que cuenta dotación propia para ello). 

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La medida de fuerza gremial -que motivó además una denuncia penal por parte de la administración libertaria hacia dos sindicatos aeronáuticos- afectó a los vuelos de JetSmart y Flybondi, entre otras, que debieron posponer, cancelar o desvíos sus viajes, sobre todo desde y hacia Aeroparque.

En este marco, Patricia Bullrich había adelantado este miércoles por la mañana que se tomarín "medidas mucho más drásticas en cuanto a la compañía" y que el Gobierno preparaba un anuncio contra los "piquetes aéreos" y la "extorsión".

Durante el caos desatado en Aeroparque, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Gendarmería y Prefectura colaboraron con el secretario de Transporte, Franco Mogetta, "para bajar a la gente varada arriba de los aviones, porque no hay servicios de escaleras ni de rampas", según informó el miércoles último la ministra de Seguridad desde su cuenta de X.

"Estos delincuentes secuestran a la gente por sus intereses corruptos", denunció la funcionaria antes de detallar que hubo diez aeronaves "con más de 1.500 personas secuestradas". "Los retuvieron por más de dos horas, afectando su salud en condiciones de encierro y sin ventilación adecuada. Esta extorsión y privación ilegítima de la libertad no quedará impune. El que las hace, las paga", había sentenciado en la misma línea que la de Caputo.