El presidente Alberto Fernández volvió a probarse el traje de conciliador que mantuvo en el inicio de la pandemia de coronavirus, pero sin tomar contacto con la oposición: ensayó una eventual solución a la contienda que sostiene con el gobierno porteño por la presencialidad en clases.

El jefe de Estado, en medio de la espera del fallo de la Corte Suprema que debe resolver el conflicto judicial de fondo con la administración de Horacio Rodríguez Larreta, se reunió con su ministro de Educación, Nicolás Trotta, y comenzó a diagramar una estrategia por fuera de la Justicia para encerrar al jefe de gobierno porteño, pero públicamente se mostró conciliador y presentó una posible resolución a la disputa.

¿De qué forma? A través de una “presencialidad administrada” en el AMBA y en el resto del país, estableciendo días escalonados de cursada de acuerdo al contexto sanitario de cada distrito.

De esta manera, el primer mandatario dejaría planteada una opción intermedia entre suspender y mantener el ciclo lectivo, algo que apretaría al jefe de gobierno porteño tras su decisión de mantener abiertas las escuelas y quizá sea del agrado de la parte de la población que agitó cacerolas contra su orden de parar las clases.

La iniciativa oficial bajaría los decibeles con su ministro de Educación, con quien se dejó fotografiar este miércoles en una reunión mantenida sobre el asunto, luego de que su funcionario quedara mal parado públicamente defendiendo la presencialidad pocas horas antes de que el primer mandatario anunciara la suspensión.

Lo confirmó así en su cargo tras la tensión entre ambos que disparó rumores sobre la renuncia del titular de la cartera de Educación, luego de un supuesto malestar del ministro con el Presidente.

Según indicaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas, Fernández y Trotta en el encuentro “evaluaron la realidad de las clases presenciales en cada provincia y abordaron la situación metropolitana ante el incumplimiento del fallo de la Justicia Federal por parte de la Ciudad de Buenos Aires".

Esa sentencia ordenó suspender la asistencia escolar, pero la Ciudad la desatendió y anunció que mantendrá esa postura hasta que se expida la Corte Suprema.

La “presencialidad administrada” se enfoca en reducir la circulación en aquellas zonas que presenten mayor riesgo epidemiológico debido al crecimiento de casos en medio de la segunda ola de coronavirus.

Para el AMBA en particular, debido a la escala de casos, la iniciativa pretende bajar la movilidad en el transporte público de la comunidad educativa, y disminuir la cantidad de días de asistencia a clases o definir cierres parciales en orden de prioridad. Lo último que se cerraría serían los cursos prioritarios: el más alto grado de primaria y el de la secundaria.

Para el resto del país, el objetivo es reducir la frecuencia de clases presenciales con el monitoreo del avance de la segunda ola por localidades.