El ministerio de Capital Humano denunció este martes a Cristina Kirchner por cobrar bonificaciones por zona austral -su domicilio está declarado en Río Gallegos, Santa Cruz-, cuando en realidad residía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La cartera liderada por Sandra Pettovello precisó en un comunicado que la presentación penal, realizada a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), acusa a la exmandataria "por los presuntos delitos de estafa, defraudación a la Administración Pública y falsedad ideológica".

Al respecto, el texto aseguró que la también exvicepresidenta declaró "un domicilio en zona austral, presuntamente falso", con el objetivo de "poder cobrar un suplemento dinerario a sus asignaciones de privilegio". El mismo ascendería a $6 millones mensuales.

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Los beneficios provisionales en cuestión son el que deriva de la asignación mensual vitalicia por viudez del expresidente Néstor Kirchner y el que le corresponde por haberse desempeñado como jefa de Estado.

"Esto habría generado un perjuicio fiscal a ANSES, por lo que, además, el organismo solicita ser parte querellante en la causa", anunció la cartera, antes de subrayar que el derecho a cobrar la Bonificación de Zona Austral "está generado exclusivamente por la residencia efectiva o radicación real" en determinados territorios. Se trata de las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Carmen de Patagones.

En este sentido, el comunicado puntualizó que "es de público y notorio conocimiento" que la residencia de Kirchner "estuvo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el período de cobro de ambas asignaciones, mientras se desempeñaba, primero como senadora por la provincia de Buenos Aires (10/12/2017 - 10/12/2019) y luego como vicepresidente de la Nación (10/12/2019 - 10/12/2023)".

"Todo ello, constituiría una conducta penalmente reprochable, con perjuicio fiscal para la ANSES y el erario público, que deberá ser determinado a partir de las tareas investigativas solicitadas", aclaró el texto.

Asimismo, detalló que el organismo "solicitó constituirse en parte querellante en virtud de los hechos denunciados, poniéndose a disposición de la Justicia para colaborar en la investigación y aportar todas las pruebas necesarias para esclarecer este posible caso de corrupción".

Previamente, la ANSES había rechazado el pedido de la expresidenta y del exvice Amado Boudou para volver a cobrar las jubilaciones de privilegio que percibían. De esta manera, la exmandataria no cobrará nuevamente los $32 millones mensuales que fueron suspendidos tras la ratificación de la condena por corrupción en la causa Vialidad en noviembre pasado.