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En junio de 2018, el Gobierno implementó una medida similar para contener a la central obrera y evitar un paro nacional. En aquella ocasión se trató de un subsidio por $ 4.500 millones que no fueron transferencias directas del Estado sino fondos que en adelante podrán usar las obras sociales.

El gesto del Gobierno tiene lugar horas antes de que se discuta en el Congreso el proyecto de blanqueo laboral, que ingresó el viernes a través del senador de Cambiemos, Roberto Basualdo, quien fue el encargado de presentar la iniciativa ante la Cámara alta.

Las claves del proyecto, cuyo título completo es: "Regularización del empleo no registrado, lucha contra la evasión en la seguridad social y registración laboral". Busca blanquear el empleo no registrado, impulsar la creación de nuevos puestos y reducir la litigiosidad, son:

  • - Los empleadores que regularicen a sus trabajadores en el plazo de un año desde la reglamentación de la ley tendrán una condonación de las deudas de aportes y contribuciones,

  • -Los trabajadores incluidos en la regularización prevista en el régimen tendrán derecho a computar hasta 60 meses (5 años) de servicios con aportes o la menor cantidad de meses por las que se los regularice.

  • -Promoción del empleo: habrá un 55% de descuento en las contribuciones para los empleadores que contraten nuevos trabajadores en el plazo de un año desde la reglamentación.

  • -Litigiosidad: aumentarán los valores de las multas, por lo que se castigará la informalidad laboral de forma más severa.

El proyecto tiene el visto bueno de la CGT, pero desde el sector empresarial hay algunas críticas al marco judicial, ya que sostienen que pueden presentarse denuncias por "registración deficiente” que pueden derivar en el pago de indemnizaciones difíciles de costear para los empresarios.