Con dos columnas de opinión, el diario La Nación anunció en los últimos días el regreso de un perfil "antimafias" de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que había abandonado el año pasado tras las elecciones de medio término.

Claudio Jacquelin, ayer, y Jorge Fernández Díaz, la semana pasada, usaron el caso del exjuez platense César Melazo como disparador para presentar a una Vidal que volvió a ponerse en el lugar del combate contra "las mafias" que pretenden restaurar el antiguo régimen peronista en la Provincia. 

"La administración de Vidal se ha caracterizado por poner en marcha una dinámica inédita contra el hampa estructural y, en consecuencia, sus enemigos son cada día más grandes y cada vez más peligrosos", escribió Fernández Díaz en su columna del 30 de septiembre, titulada Dramática puja entre mafia y democracia, en la que asocia al justicialismo con las bandas delictivas que "están al servicio del mejor postor y anhelan el urgente regreso del sistema más vil".

El escritor menciona, en ese sentido, tres recientes acontecimientos que probarían su premisa: el desmantelamiento de la "terrorífica banda de jueces, comisarios, convictos y matones de tablón que funcionaba en la ciudad de La Plata desde hacía años", el descubrimiento de chalecos antibala con cocaína en la Brigada Antidrogas de La Matanza, distrito al que llama "el reino del justicialismo eterno", y la detención, en el mismo municipio, de quince barrabravas de Laferrere que importaban droga desde Medellín.

Jacquelin, en tanto, hace particular énfasis en Melazo, al que asocia directamente con el exministro de Justicia y Seguridad de Daniel Scioli, Ricardo Casal, y con el abogado Fernando Burlando. Se trataría de "una estructura formada por funcionarios judiciales, policías, abogados, barras bravas y otros delincuentes profesionales puso en riesgo o directamente atentó durante al menos una década contra la vida, la libertad o el patrimonio de la ciudadanía" y expresa "la vigencia relativa del Estado de Derecho en la capital de la provincia de Buenos Aires".

El editorialista del diario de Bartolomé Mitre asegura que esa "banda" se dedicaba "al armado de casos para extorsionar a personas comunes, la absolución de delincuentes sobre los que se acumulaban montañas de pruebas, la liberación de zonas para cometer delitos graves y la asociación con criminales para delinquir o quedarse con el producido de hechos ilícitos" y destaca que la causa, a cargo de la fiscal Bettina Lacki y la jueza Florencia Butiérrrez, cuenta "con el decisivo apoyo e impulso de la administración de María Eugenia Vidal y del procurador general Julio Conte Grand".