En medio de la puja que mantiene el sector gremial aeronáutico con el Gobierno, la Justicia ordenó la reincorporación de los pilotos despedidos por Aerolíneas Argentinas tras haberse negado a volar durante una medida de fuerza. La determinación fue dada a conocer por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que destacó: "Prevalece el derecho a la libertad sindical". 

"A raíz de la medida cautelar presentada por APLA, la Justicia Nacional del Trabajo ordenó hoy (lunes) la reincorporación de los tres pilotos de Aerolíneas Argentinas S.A. que habían sido despedidos arbitrariamente durante el actual conflicto", precisó un comunicado publicado en las redes sociales del gremio.

"La resolución de la jueza Stella Maris Vulcano establece que dicha reincorporación debe llevarse a cabo en la misma función que desempeñaban antes del despido", agregaron.

Además, remarcaron que en lo dictaminado "prevalece el carácter alimentario de los salarios de los trabajadores despedidos y el derecho a la libertad sindical, tutelado por las leyes 23.551 y 23.592, así como por los convenios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) 87 y 98".

"Continuaremos con nuestras demandas de recomposición salarial e intensificaremos las acciones hasta que se presenten propuestas concretas", completó APLA.

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El 12 de septiembre pasado, los tres empleados habían sido despedidos de Aerolíneas Argentinas luego de negarse a llevar aviones alquilados a Brasil. En aquel momento, la compañía había señalado que "esta falta de acogimiento a las tareas encomendadas por su empleador implica un apartamiento a los deberes de conducta y obligaciones legalmente impuestos a fin del cumplimiento del contrato laboral". Además, habían señalado a los pilotos por haber tomado dicha decisión motivada por la discusión paritaria llevada a cabo el 13 y 14 del mismo mes. 

La determinación se dio a conocer días después de que el Gobierno declarara formalmente a la compañía como "sujeta a privatización". La medida se oficializó a través del Decreto 873/2024, considerando que "luego de 16 años de la estatización de la compañía, los objetivos propuestos no fueron concretados".

Desde el Ejecutivo explicaron que la norma, que deberá ser refrendada en el Congreso, "se dicta en línea con las políticas adoptadas por el Gobierno Nacional referidas al proceso de apertura económica y en el entendimiento de que la conectividad aérea resulta un pilar fundamental para el desarrollo económico" del país.