El abogado constitucionalista Manuel José García Mansilla expresó este miércoles su postura sobre la alternancia en el poder, la dolarización y el aborto, entre muchos otros temas que abordó ante el Senado en el marco de su audiencia por la postulación para convertirse en juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CJSN) presentada por el presidente, Javier Milei. Según el recuento preliminar, al letrado que ocuparía el cargo que dejará Juan Carlos Maqueda en diciembre le costaría obtener las nueve firmas que necesita para que su pliego pase al recinto.

"Un buen juez de la Corte Suprema, respetuoso de la separación de los poderes, sólo puede administrar justicia en el marco de lo previsto en el juramento del artículo 112 de la Constitución Nacional", que exige que "cada una de las decisiones judiciales se haga bien y que, además, se haga legalmente y en conformidad a lo que prescribe la Constitución", indicó García Mansilla en su discurso ante los senadores, que comenzó poco después de las 10, previo a una extensa ronda de preguntas.

Al fundamentar sus dichos, el postulante agregó: "¿Qué quiere decir administrar justicia bien? Quiere decir hacerlo de forma independiente, imparcial, sin favoritismos, sin prejuicios y sin predisposición o animosidad en contra de ninguna de las partes, obrando con rectitud e integridad, mostrando que su conducta está por encima de cualquier reproche a los ojos de un observador razonable".

"Los fundamentos de sus sentencias deben respetar la seguridad jurídica", puntualizó y añadió que espera "servir" al país de tal manera que, al momento de dejar la función, se lo considere "un juez que cumplió con sus deberes constitucionales". 

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Llegado el momento de la gran cantidad de consultas a la que era sometido, hizo declaraciones respecto de varios temas candentes, entre ellos su perspectiva sobre el derecho al aborto reconocido en el país por ley. Ante la consulta del senador radical Martín Lousteau acerca de sus declaraciones sobre la inconstitucionalidad de dicha normativa, García Mansilla aseguró: "No hablé de toda la ley. Creo en que hay que distinguir entre despenalización y legalización".

"Para hacer un análisis correcto, habría que separar entre legalización y penalización, idea de Germán Bidart Campos y a partir de ese analisis, lo que hice fue confrontar. En ciertos casos, es indispensable que el Congreso derogue las leyes que se contraponen con lo que se está sancionando", precisó y agregó: "Marqué que veía un conflicto entre normas de distintas jerarquías. A la Corte Suprema no llegan causas de aborto, ya que en 20 años llegó una sola".

La senadora de Unión por la Patria Anabel Fernández Sagasti le recordó al candidato al Máximo Tribunal que en el 2018 fue expositor cuando se trató en la Cámara alta el proyecto y se manifestó abierta y totalmente en contra de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y le consultó sobre su posición al momento de fallar sobre causas vinculadas a este tema: "Mis argumentos no son confesionales (…) Creo que no es así. Si tuviera que decidir cualquier caso, se debería fallar conforme a derecho".

En otro tramo de las consultas, García Mansilla fue interrogado también por Lousteau sobre si considera que una potencial dolarización se enmarca en las reglas de la Constitución Nacional. "Publiqué dos trabajos sobre este tema, tenía que ver con un momento particular durante la campaña presidencial, donde la dolarización era un tema en discusión, más allá de que no había un proyecto a analizar. En ese trabajo planteamos que para saber si la dolarización es constitucional o no hay que ver un proyecto. Si para dolarizar hay que confiscar todos los depósitos es inconstitucional", señaló el candidato.

No obstante, aclaró: "Si es mediante un acuerdo de integración, por ejemplo, ese proyecto podría ser constitucional. Si la dolarización es darle curso legal a una moneda extranjera, este Congreso lo autorizó alguna vez. Pero el planteo es que para poder opinar hay que ver el proyecto. Y es el Congreso el que puede disponer o no la dolarización". 

Por otra parte, el senador libertario Francisco Paoltroni le consultó sobre una causa que tiene que resolverse en la máxima instancia judicial del país y que se refiere a su es constitucional la reelección indefinida de Gildo Insfrán en Formosa, jurisdicción que representa el legislador de La Libertad Avanza.

Si bien el abogado manifestó que "no podría adelantar una opinión sobre un caso que hoy está en la Corte Suprema", aclaró que "las provincias pueden establecer sus propios sistemas" de organización y administración. Con todo, sostuvo: "La reelección indefinida tiene un problema con el régimen republicano de gobierno".

El letrado, quien es cuestionado por su perfil conservador y, particularmente, por su postura antiabortista, llegó a esta audiencia pública con 23 impugnaciones, seis adhesiones y dos observaciones, según especificaron desde la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, cuya titular es la legisladora del PRO Guadalupe Tagliaferri.

En este sentido, al igual que el juez Ariel Lijo, quien fue propuesto por la Casa Rosada para cubrir el vacío dejado por Elena Highton de Nolasco y que es apuntado por su "falta de idoneidad moral", García Mansilla no tiene garantizadas las nueve firmas que necesita para que su pliego llegue al recinto.

De hecho, fuentes al tanto de la negociación por parte del oficialismo aseguran que la candidatura del titular del Juzgado Federal Nº 4 de Comodoro Py está mucho más avanzada gracias a las rúbricas que podría aportar el kirchnerismo, que corresponden a seis de los 17 integrantes de la Comisión.

García Mansilla es el actual decano de la Universidad Austral, de la que también provino el vicepresidente del Máximo Tribunal, Carlos Rosenkrantz, quien fue además uno de los jurados que lo evaluó cuando recibió el doctorado en esa casa de altos estudios. Su currículum incluye una especialidad "en Derecho Constitucional, Oil & Gas y Derecho Empresario", posgrados, másters y trabajos sobre la Constitución Nacional y la exploración y producción de hidrocarburos, y "Litigio estratégico ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos".

Asimismo, fue asesor y participó "en licitación de áreas provinciales de hidrocarburos" y "de empresas locales e internacionales en cuestiones relacionadas con el derecho público, derecho de la energía y el derecho comercial". 

En 2015, avaló desde el punto de vista constitucional la designación por decreto como ministros del Máximo Tribunal de Horacio Rosatti -su actual presidente- y de Rosenkrantz. A su vez, fue crítico del proceso de juicio político contra los magistrados de la Corte Suprema que el kirchnerismo intentó llevar adelante en 2023 en Diputados. Se autoproclama ferviente defensor de la independencia de los poderes de la Constitución, e incluso su tesis doctoral se basó sobre la autonomía de los jueces y la condición de último intérprete de la letra de la ley.