¿Por qué después de 24 años todavía Argentina no pudo esclarecer el atentado a la AMIA? ¿Quiénes fueron los autores, quiénes colaboraron para que se concretara? ¿Por qué las alertas rojas y los pedidos de detención parecen ser inocuos para los iraníes? ¿Qué hizo la política en estas dos décadas? ¿Por qué los que debían investigar se dedicaron a embarra la cancha? ¿En qué está ahora la investigación? 

Desde el comienzo, el expediente por el atentado que causó 85 muertos y más de 150 heridos estuvo plagado de preguntas que nadie quería responder. ¿Por qué la Secretaria de Inteligencia no pudo prever ni alertar sobre lo que iba a suceder? ¿Acaso el atentado a la Embajada de Israel no había sido suficiente alerta? El tiempo mostraría que los agentes de la SIDE fueron parte de la maniobra de encubrimiento que impidió que la investigación avanzará?

El primer juez de la causa, Juan José Galeano, dictó las primeras alertas rojas en agosto de 1994. Pero no pasaría mucho tiempo hasta que el Ejecutivo interviniera en la investigación de lo que luego se denominó erróneamente como "la pista siria”. Kanoore Edul era un hombre cercano al entorno del presidente Carlos Menem y que tenía vínculos con el principal sospechoso de los hechos, el ex Consejero Cultural de la Embajada de la República Islámica de Irán en Argentina, Moshen Rabbani. 

El mismo día que Edul fue allanado en la causa principal, Galeano recibió una llamada y automáticamente la investigación sobre él se paralizó. Eso no fue todo: se interrumpió otro allanamiento, dejaron de intervenirse sus teléfonos, se destruyeron los cassettes con las escuchas que había hasta ese momento y hasta desaparecieron las transcripciones que ya estaban en el juzgado.

Esa maniobra, orquestada desde el Poder Ejecutivo, involucró al secretario de la SIDE Hugo Anzorreguy: se presentaron informes falsos sobre las escuchas en los que no se informaba sobre los llamados que demostraron que el día de los allanamientos, familiares de Kanoore Edul fueron hasta la Casa Rosada a pedir ayuda.

La otra trama que involucra también a la SIDE es la del pago de los 400 mil pesos (que venían de la Secretaria) a Carlos Telleldín para que diera una indagatoria "consensuada” en la que debía involucrar a policías de la provincia de Buenos Aires por el atentado. 

La plata que utiliza la inteligencia argentina (la actual AFI) quedó otra vez cuestionada cuando Mauricio Macri derogó el decreto que transparentaba el uso de los fondos reservados de la Agencia Federal de Inteligencia. Esto va en contra del compromiso que firmó por decreto el Estado Argentino en 2005 con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre ese tema puntual.

En 2006, con Alberto Nisman en la Unidad Fiscal AMIA, se consideró que un grupo de funcionarios iraníes fueron los que idearon el atentado. Ahí aparece Hezbollah como ejecutor.  El motivo habría sido el acercamiento del gobierno en aquel momento a Estados Unidos y la cancelación de contratos con Iran sobre energía nuclear.

Amia en los laberintos de Comodoro Py

La investigación principal, revitalizada desde la nueva conformación de la Unidad Fiscal AMIA, está en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral. El juez le pidió a Rusia la semana pasada la detención Ali Akbar Velayati, el exministro de Relaciones Exteriores de Irán. Sorpresa: nada sucedió. Desde el gobierno dijeron que se debió a la "burocracia judicial”. Desde Tribunales, lo niegan y aseguran que el pedido llegó a tiempo. 

La UFI AMIA pudo identificar a la víctima 85 del atentado aunque su lucha es contra el paso del tiempo, la preservación de las pruebas y a través de los agujeros que dejó el encubrimiento. El primer juicio por el atentado se hizo entre 2001 y 2004. El Tribunal Oral Federal Nº3 fue el que se encargó de ese primer debate donde la mira estaba puesta en la supuesta conexión local. Absoluciones y pedido de investigar a los que debían hacerlo.

El juicio por encubrimiento se inició en agosto de 2015. Casi sin cobertura, tiene como acusados a Menem, al ex juez Galeano, al ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia. Ya en su etapa final, mientras la Fiscalía pidió cuatro años de cárcel para el ex presidente, 13 para Galeano y ocho para los ex fiscales, el Gobierno (a través de la querella que lo representa en la causa), decidió no acusar a Mullen y a Barbaccia. Esta situación destapó la interna que hay en Cambiemos sobre el tema, como contó El Canciller en febrero.

Mientras tanto, en Comodoro Py todavía se investiga la responsabilidad en el encubrimiento del ex ministro de Interior Carlos Corach. La tiene el juez Ariel Lijo. A todo esto se le suma la denuncia que hizo Alberto Nisman por el Memorándum con Irán y que terminó en un juicio todavía sin fecha contra Cristina Fernández de Kirchner, el ex canciller Hector Timerman, el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini. 

Memorándum que nunca entró en vigencia, que fue declarado inconstitucional. Una denuncia que fue desestimada por todas las instancias judiciales hasta la llegada de Cambiemos al poder y la intervención del juez Claudio Bonadio en la causa. El mismo Bonadio que fue apartado de la causa por encubrimiento por no investigar a Corach, su ex jefe.

El año pasado, durante el alegato que realizaron los fiscales en el juicio por encubrimiento, se pidió que los delitos sean considerados de lesa humanidad. Una grave violación de los derechos humanos. Memoria, verdad y justicia como lema.

Hoy, Mauricio Macri tuiteó que ratificaba su compromiso "de luchar contra el terrorismo y trabajar hasta alcanzar la verdad y que se haga justicia”. Memoria tienen los familiares que todos los días reclaman saber qué pasó. La verdad y la justicia se las debe el Estado argentino. A todos ellos y a la sociedad. ¿Será?