"Pibes villeros" y la agresión al gobernador Morales: las dos causas por las que seguirá presa Milagro Sala
La dirigente social apeló ambas condenas: la más trascendente quedó en manos de la Corte Suprema.
El Juzgado Penal Económico de la Provincia de Jujuy ordenó hoy el cese de la prisión preventiva de Milagro Sala en el expediente de la "megacausa", aunque continuará cumpliendo prisión domiciliaria debido a otros dos procesos judiciales en los que fue condenada a 13 años de prisión.
La liberación de la líder de la Tupac Amaru en esa causa también implica a Gladis Díaz y Mirta Aizama, quienes junto a Sala deberán prestar caución juratoria, fijar y mantener domicilio, y permanecer a disposición del juzgado.
De las 23 personas que son investigadas en el proceso, las tres susodichas eran las únicas que permanecían con prisión domiciliaria. La pesquisa es por el presunto desvío de fondos que debían ser destinados a la construcción de viviendas.
La dirigente social fue puesta tras las rejas en enero de 2016 por ser considerada la jefa de una asociación ilícita que malversó más de $60 millones, los que en su inicio iban a ser destinados a obras para barrios humildes. Por ese delito, fue condenada a 13 años de cárcel. La otra sentencia que pesa sobre Sala es por el ataque en 2009 al actual gobernador de Jujuy -en ese entonces, senador provincial- Gerardo Morales.
Ambas penas fueron apeladas por el equipo legal de la líder de la Tupac: la agresión al mandatario radical recayó en la Cámara Federal de Salta, en tanto el expediente "Pibes Villeros" llegó en marzo a la Corte Suprema de Justicia. Esta semana, aseguró que esperaba "que la Justicia se democratizara en estos meses" de gobierno de Alberto Fernández.
Según una auditoría de la Oficina Anticorrupción de Jujuy, el otrora gobierno nacional le otorgó a Sala $1.383 millones para hacer 8.532 viviendas: no construyó 1.836 y dejó a mitad de camino 524 unidades. Ese organismo calculó que la defraudación a la Administración Pública fue de $723 millones.
Tras la condena de 13 años, la dirigente social fue alojada en el Penal de Alto Comedero, hasta que en 2018 le concedieron la prisión domiciliaria y desde ese momento está en su casa del barrio de Cuyaya.