En la Argentina, cada provincia tiene la potestad para definir las características de sus propios sistemas parlamentarios. Por eso, son muy variados: algunos más parecidos al Congreso nacional, otros más lejanos. En el caso de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, la composición es de dos cámaras, una de diputados (de 92 bancas) y otra de senadores (de 46 representantes). La renovación de esos escaños se da por mitades y cada dos años.

La senadora de Juntos por el Cambio (JxC), Nilda Moirano, propuso en las últimas horas unificar ambos recintos y pasar a un sistema unicameral. En conversación con el medio local La Brujula 24, la legisladora cercana al intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, argumentó que la bicameralidad “entorpece que las leyes salgan, porque muchas veces en el Senado se aprueba un proyecto, pasa a Diputados y pierde estado parlamentario” y que implica un gasto más elevado. El proyecto de Moirano será presentado en los próximos días.

Los casos en el resto de las provincias

De las 24 jurisdicciones argentinas, 16 de ellas cuentan con legislaturas de un solo recinto. Las ocho restantes poseen dos cámaras. Entre las primeras se encuentran la Ciudad de Buenos Aires (60 bancas); Córdoba (70); Tucumán (49); Jujuy (48); Río Negro (46); Misiones (40); Santiago del Estero (40); La Rioja (36); San Juan (36); Neuquén (35); Chaco (32); Formosa (30); La Pampa (30); Chubut (27); Santa Cruz (24) y, por último, Tierra del Fuego (15), que es a su vez la más pequeña en cantidad de legisladores.

Las del segundo grupo son la propia Buenos Aires; Santa Fe (50 diputados y 19 senadores); Mendoza (48 y 36); Salta (60 y 23); Entre Ríos (34 y 17); Catamarca (41 y 16); San Luis (43 y 9); y Corrientes (30 y 15), que es asimismo la única de las 24 provincias donde los legisladores de una de sus cámaras –la alta– poseen un mandato de seis años y se renuevan por tercios cada dos años.

La cuestión del gasto

La discusión por unificar sus dos cámaras no es exclusiva de Buenos Aires, en Mendoza, por ejemplo, forma parte del debate público hace años. En 2022, el gobernador radical Rodolfo Suárez busca una reforma de la carta magna de esa provincia, que tendrá como uno de sus principales puntos la unicamerabilidad de su parlamento con el objetivo de reducir el gasto público.

Pero lo cierto es que los datos no acompañan a la premisa. Un ejemplo de ello es la Legislatura cordobesa, que en 2001 –justo antes de unificarse– contaba con 1.476 trabajadores. Hoy, veinte años después, el total de personas que trabajan allí es de 1.548 –591 en planta permanente y 957 con contrato temporal, que suele prorrogarse–. En tanto, el gasto no cambió sustancialmente.

A fines de 2021, la Fundación Libertad publicó un informe sobre el gasto legislativo por parte de cada una de las provincias durante ese año. La información arrojó que, en promedio, los distritos gastan $65 millones anuales por cada parlamentario. Si bien Buenos Aires es una de las que más destina en ese sentido –la cuarta que más lo hace, específicamente–, las primeras tres que están por encima de ella son unicamerales. Al tope de la lista se encuentra Tucumán, con un gasto de $166,7 millones al año por cada representante. Le siguen CABA y Chaco respectivamente.

Por contrario, Mendoza y San Luis, que cuentan con dos recintos, se encuentran muy cerca de los últimos lugares y, por lo tanto, son de las que menos gastan: destinan apenas $18,9 millones y $13,3 millones respectivamente.

El trabajo parlamentario

Otro de los principales argumentos que se arguyen en favor de la unificación es el de la propensión a la inactividad y la complejidad para producir un mayor volumen normativo cuando existe la obligación de una doble aprobación –por las dos instancias–. En ese punto, los datos parecieran acompañar la idea. Tal es el caso de la Legislatura porteña, donde en 2021 se sancionaron 117 leyes. En el mismo período, los diputados y senadores de Mendoza dieron fuerza de ley a 70 proyectos. Hay otros casos donde el producto legislativo fue incluso menor en sistemas de dos cámaras, como el de Catamarca, donde ese año se sancionaron 54 leyes.

Se llega a la misma conclusión si se analiza la efectividad de ese trabajo parlamentario. Las 117 normas aprobadas en CABA el año pasado se dieron en 20 sesiones, es decir, casi seis documentos por sesión. En el caso mendocino, los 70 proyectos tuvieron el visto bueno en 46 sesiones de la Cámara baja y 47 de la alta: eso significa un promedio de 1,5 sanciones por sesión.