El Gobierno avanzó en el despido de 2.400 empleados del ministerio de Justicia y en la remoción de la exclusividad que tenía la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para realizar capacitaciones de los conductores profesionales. El anunció lo realizó Manuel Adorni en conferencia de prensa, donde señaló que el Ejecutivo eliminó de esta forma, "dos curros de la política en el rubro automotor".

Por un lado, el portavoz presidencial indicó que los contratos pertenecientes a la cartera que encabeza Mario Cúneo Libarona habían sido formalizados de modo "irregular" por la vía de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

"Estos empleados habían sido contratados de manera espuria durante décadas por fuera de los mecanismos previstos por el sistema nacional de empleo público", manifestó el vocero desde Casa Rosada. 

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Asimismo, reveló que el Ejecutivo suprimió "el pago de incentivos al personal" del Ministerio correspondiente a $15.600 millones que inicialmente estaban destinados a capacitación, pero "como todas las cosas en el Estado" se terminó "desvirtuando".

"Se convirtieron en parte del sueldo sin que del otro lado haya ningún tipo de capacitación que haga que eso se justifique. Como dijimos siempre, toda caja que encontremos que es negocio de pocos en detrimento de muchos, se va a eliminar", agregó el funcionario.

A su vez, remarcó que la administración libertaria le quitó, vía la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que depende de la secretaría de Transporte, la exclusividad a la UTA para ejercer las capacitaciones a los choferes profesionales. De acuerdo con el Gobierno, el sindicato recibió anualmente por este motivo $11.000 millones desde el año 2019.

La Secretaría que depende del Ministerio de Economía detalló en un comunicado que a partir de la modificación de la disposición 48/2019, que le otorgaba la concesión única a la UTA, "cualquier prestador del sistema que quiera ofrecer capacitaciones a los conductores podrá hacerlo". 

Para ello, el organismo a cargo de Franco Mogetta, llevará a cabo la creación del "Registro de Prestadores de Evaluación y Formación Profesional de los Conductores de Transporte Automotor de Pasajeros". 

Además, Adorni develó que el Gobierno dio de baja 1.796 pensiones por invalidez otorgadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en Chaco, por no cumplir con los requisitos o ser fraudulentas. Según la auditoría realizada, solo 365 de 2.344 personas satisfacían las condiciones necesarias para recibir el beneficio.