Este viernes, la Justicia federal ordenó el bloqueo del acceso a tres sitios web vinculados a la plataforma de compraventa de criptomonedas RainbowEx, luego de que la Comisión Nacional de Valores (CNV) negara que la empresa tuviera la autorización para operar en la Argentina.

Se trata del escandalo generado por la presunta estafa piramidal en la ciudad bonaerense de San Pedro, en donde hay sospechas sobre un esquema tipo Ponzi. Se cree que en el último año uno de cada tres habitantes de esa localidad puso dinero, por lo que se estimó que al menos unas 20 mil personas habrían transferido su capital.

El bloqueo fue ordenado desde la fiscalía federal de San Nicolás y de la Unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia (UFECI), que solicitó al ENACOM que bloquee los sitios: Knight Consortium, un grupo de supuestos traders que promueven las inversiones; RainbowEx, donde se hacen las operaciones; y una página en la que se puede descargar la plataforma para operar en los teléfonos celulares.

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El último martes, la plataforma anunció que por 14 días hábiles dejarán de autorizar los retiros de capital, al alegar investigaciones por parte de las autoridades argentinas. La Justicia provincial comenzó una indagatoria, a cargo de la fiscal María del Valle Viviani.

El pasado miércoles, un informe de la CNV  fue remitido a la fiscalía descentralizada de San Nicolás, a cargo de Matías Di Lello, quien el martes inició una investigación preliminar con el objetivo de esclarecer la presunta relevancia penal de los hechos difundidos a través de los medios de comunicación.

Desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que "hasta el momento, en el ámbito del fuero federal, no se habían recibido denuncias formales en esa jurisdicción ni se identificaron damnificados" aunque, de acuerdo a las notas periodísticas, la fiscalía indicó que aproximadamente un 20% de la población sampedrina "se encontraría operando" con la mencionada "plataforma de trading".

Además del informe solicitado a la CNV, el titular de la fiscalía federal de San Nicolás dispuso oficiar y pedir colaboración a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac); a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y la División Antifraude Policía Federal Argentina (PFA).