Tras cumplirse 70 días de la desaparición de Loan, y en medio de las sospechas en torno a una suma importante suma de dinero que apareció en cuentas de parientes del menor al que se vio por última vez el pasado 13 de junio, su hermano José Peña reconoció que tanto él como Mariano, otro integrante de la familia, recibieron transferencias de "unos pesitos".  

"Es dinero que usamos por Loan; la gente nos ayuda, y las transferencias que hacemos son para pagar nuestras cositas, la luz y los gastos del mes", expresó el joven, al mismo tiempo que admitió que no ha estado trabajando durante los más de dos meses que pasaron desde la denuncia por la falta del niño, por lo que necesita el dinero para seguir ayudando en la causa. 

Según la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), se determinó que Mariano Peña, el mayor de los hermanos de la familia, recibió 14 mil envíos que sumarían un total de aproximadamente $170 millones. 

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En cuanto a esa suma, José confirmó que compraron una moto para poder movilizarse, "ir a la casa de la abuela", movernos por Loan y "hacer mandados". "A veces, hay gente del pueblo que nos pide que nos acerquemos cuando tienen alguna información que darnos", agregó. 

Por otra parte, en las últimas horas trascendió que Antonio Benítez, el tío del niño que es uno de los siete detenidos en la causa, pidió ampliar su indagatoria, en la que se sospecha que podría romper un presunto pacto de silencio entre los acusados. Su solicitud de nueva declaración, que se concretaría la semana próxima, fue presentada por el abogado defensor de Benítez, Ricardo Osuna.

La causa, que investiga la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, tiene por el momento siete detenidos: Laudelina Peña, tía del pequeño; Benítez, que es marido de ésta; el matrimonio de Daniel "Fierrito" Ramírez y Mónica Millapi; el excomisario Walter Maciel; la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, y su esposo, el excapitán de la Armada, Carlos Pérez.

Todos están imputados por el delito de "sustracción y ocultamiento de menores", pero la magistrada debe definir en breve si los procesa, los sobresee o les dicta la falta de mérito en base a las pruebas disponibles.