Pasaron veinte años desde la última vez que alguien vio, vivo o muerto, a Rubén Darío Jerez. El repartidor de productos Arcor y gestor crediticio había salido a hacer su recorrida de comercios diaria en la tranquila ciudad costera de Santa Teresita. Entró a realizar un cobro al negocio de José Stoll, en la intersección de las calles 29 y 3, después de estacionar su Ford Fiesta.

Al salir, conversó unos minutos con un hombre del que sólo se sabe que era más alto que él. Luego se instaló en su auto y esperó una hora. Detrás de él estacionó otro auto, con dos personas a bordo. Hoy, dos décadas más tarde, su esposa y sus tres hijos todavía luchan por saber lo que pasó con él.

Fue recién en el año 2013, varios gobiernos y tres mundiales después, que la causa llegó a juicio oral. La denuncia tuvo que pasar por cinco fiscales diferentes para que seis personas fueran imputadas en el proceso: una de ellas por falso testimonio; el resto, por encubrimiento agravado. Se desataba una compleja trama de arreglos, intrigas y sospechas que involucra a hombres de negocios y actores políticos. Los poderosos de siempre.

Tres de estos imputados eran, al momento del crimen, funcionarios del Partido de la Costa. Otros dos, gerentes de una financiera que mantenía una deuda con el desaparecido. Jorge Grande y Daniel Claudio López, otrora secretario de gobierno y concejal, respectivamente, siguen ejerciendo influencia en la política local: son quienes están detrás de la candidatura de Daniel López de Gaetano, conocido como Dani. En las últimas PASO, Gaetano hijo ganó la interna de Juntos, bajo el paraguas del neurocirujano Facundo Manes. Su padre y el socio son los mandamases del radicalismo local.

El otro hombre relevante de la política local imputado es Cristian Ibarra, antiguo jefe de Inspecciones. Los empresarios, Alejandro Muñoz y Carlos Subirol. Aunque su celular y la geolocalización digan lo contrario, Muñoz perjura no haber sido él aquél hombre “más alto que Jerez” que lo esperaba a la salida del negocio de Stoll.

El sexto imputado es el único ya fallecido. Se trata de Leandro Alzugaray. La familia de Muñoz lo señala como el brazo armado de Grande, o, por lo menos, el encargado de hacer “los trabajos sucios”.

Luego de un mes de audiencias y del testimonio de 184 testigos, el Tribunal Oral Penal N°2 de Dolores absolvió a todos. Sostuvo que el delito base, la desaparición forzada, no pudo probarse. Sin embargo, tras la apelación de la familia de Jerez, el Tribunal de Casación Bonaerense, de La Plata, ordenó un año después la realización de un nuevo juicio. A raíz de los testimonios, sostuvo el organismo, la hipótesis de una ausencia voluntaria de Jerez se tornó “inverosímil”. El comerciante, según la Dirección Nacional de Migraciones, no registraba salidas del país.

El nuevo juicio nunca se llevó a cabo: la causa prescribió. La investigación de la desaparición, sin embargo, sigue abierta. La lleva la Fiscalía de Dolores, que comanda el fiscal Diego Bonzi. En agosto de 2020, se emitió una oferta de medio millón de pesos para quien aportara información. Nadie se presentó.

El poder, reclaman quienes buscan justicia, no ha cambiado de manos del todo. En el pago chico comentan que Grande y López siguen vinculados a la gestión, ya no desde el sector público, sino como empresarios. Es que los jeques radicales ostentan el emprendimiento inmobiliario “KM 314”, en un predio que, de acuerdo con algunos vecinos y organizaciones ambientalistas locales, debería estar clausurado. El intendente Cristian Cardozo nunca explicó por qué no es así.

Mientras tanto, la familia sigue pidiendo justicia. Después de organizar más de 700 “marchas del silencio”, el vigésimo aniversario de la desaparición será diferente. Habrá bailes, música y un video conmemorativo. Viviana, la viuda de Jerez, será la única oradora. Como siempre, caminarán por la calle céntrica de Santa Teresita y pasarán por la iglesia y por la comisaría, entregando un petitorio.

La manifestación comenzará a las 19:45, cuando los vecinos se encuentren en la intersección de las calles 32 y 8. Es, por ahora, la única manera que tienen de pedir justicia. El hijo mayor del comerciante, vinculado a la organización La Poderosa, escribió en 2018 que, mientras buscaba a su padre, “desaparecieron” a Jorge Julio López, Luciano Arruga y Santiago Maldonado. “Siendo indiferentes a la impunidad”, reclamó, “nada nos libera de que pueda volver a suceder”.