Extraordinarias: tres leyes, con fritas, y dos platos fuertes

El Canciller - Comentarios
@luis Alejandro La reforma judicial que...

El menú de las sesiones extraordinarias del Congreso incluye tres proyectos que al parecer, y como se dice en política, salen con fritas, y dos propuestas de mayor tamaño político, que aún se cocinan en la Casa Rosada.

Todas constituyen el preludio de un año parlamentario que tendrá como protagonista a la legalización del aborto, que podría debatirse en ambas cámaras en el primer semestre y cuyo proyecto sería elaborado por el Gobierno y anunciado por el propio Alberto Fernández en su primer discurso como presidente, el 1º de marzo, ante la Asamblea Legislativa.

Pero, ahora, para esta última semana de enero y para febrero hay cinco asuntos de especial interés para el gobierno del Frente de Todos y por los cuales abrirá el juego legislativo de antemano: la deuda, el pacto fiscal, los precios, las jubilaciones de privilegio y la reforma de la Justicia Federal.

Si no hay ninguna contramarcha ni novedad de último momento, mañana miércoles o el jueves —según la duración del debate— la ley que permite la reestructuración de la deuda externa en dólares, con prórroga de jurisdicción extranjera, será aprobada por una amplísima mayoría de los votos.

El principal espacio opositor, Juntos por el Cambio, pide algunas modificaciones al texto: autorizar a las provincias a incorporar sus deudas en dólares y prorrogar hasta diciembre de 2024 los vencimientos de las deudas que por todo concepto tengan con la Nación.

El presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, trabaja en cambiar el texto del proyecto para atender el primero de los reclamos, pero el segundo al parecer es rechazado por el Poder Ejecutivo, inclusive a pesar de que hay gobernadores peronistas que también están interesados en una prórroga de los vencimientos de las deudas en pesos con la Nación.

Foto NA: MAXI VERNAZZA/PRENSA DIPUTADOS.

JxC mantendrá en las próximas horas reuniones para afinar su estrategia parlamentaria, y ya comprometió de manera pública su apoyo al proyecto del ministro de Economía, Martín Guzman. Es decir que no está en discusión su apoyo.

La iniciativa está destinada, por un lado, a otorgarles una cobertura legal a los funcionarios que renegocien la deuda y, por el otro, a darle al mundo una señal contundente de que la Argentina quiere cumplir sus obligaciones, nada menos que con una ley aprobada por las dos cámaras del Congreso.

“No tenemos por qué oponernos”, dijo la semana pasada el diputado Miguel Bazze, secretario general del bloque radical, uno de los primeros diputados de JxC en avisar el acompañamiento del mayor espacio opositor.

De no ser por el rechazo de Nicolás del Caño y Romina Del Pla, los dos diputados de la izquierda, que por doctrina está en contra del pago de la deuda externa, el proyecto gubernamental podría obtener esta semana la media sanción por unanimidad, lo que sí podría suceder en el Senado, la semana siguiente.

De esta manera, Alberto Fernández tendrá su segundo proyecto aprobado por el Congreso desde que asumió como Presidente de la Nación, hace un mes y medio, tras la megaley de emergencia de diciembre.

Nuevo acuerdo federal

Al llamado proyecto de ley de Gestión de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, presentado por Guzmán —quien no fue al Congreso a explicarlo porque viajó a Estados Unidos justamente para renegociar la deuda—, debe añadírsele el nuevo pacto fiscal, que les permite a los gobernadores aumentar la presión impositiva, lo que el denominado Consenso Fiscal firmado durante el gobierno de Cambiemos les impedía.

Este nuevo Consenso Fiscal acordado entre la Nación y las provincias, con nuevo Presidente y varios nuevos gobernadores, ya tiene la media sanción del Senado desde diciembre y será tratado en la misma sesión de mañana miércoles, convocada para la ley de deuda.

El nuevo pacto fiscal frena hasta el 31 de diciembre de 2020 la baja de Ingresos Brutos e impuestos distorsivos, que había sido acordada en 2017. Son 60 mil millones de pesos más para las arcas públicas provinciales, a cambio de una mayor presión impositiva.

A ese nuevo pacto fiscal lo firmaron los tres gobernadores radicales, Gustavo Valdés (Corrientes), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gerardo Morales (Jujuy), y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “Si lo firmaron los gobernadores nuestros, tenemos que apoyar”, dijo el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, dando por hecho el acompañamiento de JxC.

Sin embargo, hay que observar qué decisión toma la Coalición Cívica-ARI, que por el liderazgo de Elisa Carrió —que renuncia a su banca pero lejos está de jubilarse—, va perfilándose como el socio rebelde de JxC. También porque es el único espacio de esa alianza que no responde a gobernadores.

En una entrevista con El Canciller, el jefe del bloque de diputados Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro, afirmó que el nuevo Consenso Fiscal “es inconveniente” y “no hay manera de seguir incrementando la presión impositiva para las clases medias de nuestro país, pymes, pequeños y medianos productores, industrias del conocimiento”.

Anoche Carrió terminó de confirmarlo en Twitter: “No se puede votar el Consenso Fiscal porque la no disminución de los Ingresos Brutos funde a las pymes y clases medias argentinas, que dan trabajo, lo mismo que la no suba del mínimo no imponible para Ganancias. No vamos a votar en contra del pueblo de la Nación”, dijo Lilita.

Entre otros, los impuestos que se modifican con este nuevo acuerdo federal son a los Sellos, los tributos sobre la nómina salarial, otros tributos específicos, y límites a Ganancias, la Ley de Responsabilidad Fiscal y Bienes Personales.

En cambio, mientras los radicales y los macristas negociaban con los gobernadores y con Massa cambios a la ley de deuda, Carrió salió a anticipar el apoyo de su espacio: “Tenemos el deber de sacar la renegociación de la deuda del ámbito partidario y actuar unidos habilitando la renegociación, ese fue mi criterio incluso durante el gobierno kirchnerista”, dijo la líder de la CC-ARI, que dejará de ser diputada en marzo.

Precios

En ese contexto, es probable que Fernández, preocupado por el aumento de los precios de los alimentos y como una señal de endurecimiento hacia el sector empresarial, pida tratar en extraordinarias la media sanción a la ley de Góndolas, que está pendiente de debate en el Senado. Para ello, debe dictar un decreto de ampliación del temario.

El 20 de noviembre pasado, la ley de Góndolas fue aprobada en Diputados por unanimidad: 182 votos afirmativos, del kirchnerismo, el peronismo, el massismo, Cambiemos y otros espacios provinciales.

Por eso, se espera que en el Senado esta iniciativa también reciba un acompañamiento contundente. Pero, también, porque la quiere el Presidente: “Vemos mucha irresponsabilidad de algunos empresarios que siguen aumentando los precios de marcas alternativas y que en verdad no están ayudando a este proceso de desindexación de la economía y de resolver el problema inflacionario”, dijo Fernández y agregó: “La ley de góndolas puede ayudarnos en eso. Esa ley ya tiene media sanción en Diputados y estamos pensando que el Senado la trate en extraordinarias”.

La pretensión del mandatario también fue un aviso.

A fuego lento

Así las cosas, deuda, pacto fiscal y góndolas son las tres leyes urgentes, las que figuran en el temario inmediato del Poder Ejecutivo y por cuyo tratamiento los diputados y los senadores deberán interrumpir sus vacaciones.

Pero el Presidente ha hecho saber que pretende mandar, también para su discusión en sesiones extraordinarias, otras dos leyes de mayor calibre que las mencionadas. La primera de ellas es la eliminación de las jubilaciones de privilegio del Poder Judicial y diplomáticos y la segunda, la reforma de la justicia federal.

Te recomendamos leer

“Vamos a estar mandando también en estos días el tema de las jubilaciones de privilegio, fundamentalmente del Poder Judicial y de los diplomáticos, para ordenar eso que es un verdadero problema”, dijo el Presidente y señaló que “está en proceso de elaboración la ley de reforma de la justicia federal”.

Estos dos proyectos a lo mejor no le causan al Gobierno tantos dolores de cabeza en el Congreso como sí en los tribunales.