De lawfare, prisiones preventivas y la vara exacta para medir la “percepción pública”

El Canciller - Comentarios
@luis Alejandro Argentina necesita una...

La semana pasada se escribió en esta columna sobre el “insólito” reclamo de los autocalificados “presos políticos” liderados por el ex ministro de Planificación Julio de Vido, él ahora ya fuera de la cárcel y con prisión domiciliaria por razones de salud. Una semana después volverá a utilizarse esa palabra para calificar el proyecto de ley presentado por cinco senadoras identificadas con el kirchnerismo, para incluir entre las causales de revocación de prisiones preventivas a la difusión por parte de la prensa de información sobre causas penales en las que los imputados en casos de corrupción estén involucrados. Un disparate. El dato no es menor, forma parte del discurso del “lawfare” esgrimido por el kirchnerismo a pocos días de asumido el nuevo gobierno y hace a las entrañas de la sociedad de la coalición peronista en el poder y sus discordancias.

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, “insólito” significa “raro, extraño, desacostumbrado”. Adecuado y prudente el término seleccionado por este escriba y alejado de cualquier demanda judicial por su utilización para este noble oficio periodístico. La misma fuente dice que “disparate” es equiparable a una “barbaridad”. “Acción o acto exagerado o excesivo”, explica el mismo diccionario en una de sus acepciones cuando uno profundiza y busca la palabra “barbaridad”.

Aclaradas las palabras, “insólito”, “disparate” y “barbaridad” bien pueden caber para calificar el proyecto de ley presentando por la senadora María Eugenia Catalfamo (Frente de Unidad Justicialista-San Luis) y avalado por sus colegas Ana Ianni (Frente para la Victoria-Santa Cruz), Nancy González (Alianza Frente para la Victoria-Chubut), Ana Almirón (Alianza Frente para la Victoria-Corrientes) y María Inés Pilatti Vergara (Frente de Todos-Chaco), flamante integrante esta última del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de seleccionar y promover la destitución de los jueces entre otras tareas. Fue planteado en diciembre pero recién se conoció esta semana a través del colega Claudio Savoia en Clarín.

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Varias cosas llaman la atención de este periodista que sigue los casos judiciales relacionados con la política, sin profundizar en que la autora de la iniciativa legal es licenciada en Comunicación Social. Leído lo que fue el proyecto con poca chance de prosperar, la primera reflexión apunta a un asunto leguleyo, sin ser este periodista abogado. El segundo artículo dice que “será declarada nula toda resolución judicial que ordene la detención o prisión preventiva de personas cuando se verifique” situaciones que se describen en nueve eventualidades vagas. ¿Quién será el que declarará nula esa resolución judicial? ¿El Congreso? ¿Los legisladores? ¿Los diputados y senadores? ¿No son los jueces los habilitados por la Constitución para detenernos o allanar nuestras casas?

Una de esas situaciones refiere a “la publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución”. Con ese indeterminado argumento, según el proyecto de ley, los detenidos por casos contra la administración pública podrían pedir la excarcelación. ¿Quién tiene la vara exacta para medir la “percepción pública”? ¿Y los jugadores de rugby detenidos por el homicidio de Fernando Báez Sosa por una pelea en un boliche de Villa Gesell y en la tapa de los diarios todos los días hace un mes no podrían pedir la misma prerrogativa para salir de la prisión en Dolores?

El texto del proyecto impulsado por la senadora Catalfamo es de una vaguedad tal que ni siquiera llegará a tratarse en la comisión de Justicia y Asuntos Penales, adonde ingresó el 31 de enero, según estimaron fuentes parlamentarias. En fuentes judiciales también coincidieron que la iniciativa de Catalfamo es inviable. Hasta la misma Cristina Kirchner, supuesta beneficiaria e impulsora en las sombras del asunto, se despegó del mismo. El siguiente proyecto de ley impulsado por la senadora puntana, en febrero, fue el de cambiarle de nombre a las represas que se construyen sobre el río Santa Cruz y volver a llamarlas “Jorge Cepernic” y “Néstor Kirchner”, en lugar de Cóndor Cliff y La Barrancosa, como originalmente habían sido nominadas.

cristina mayans
Foto NA: Pablo Lasansky.

¿Será el gobierno de Alberto Fernández de Kirchner?, como ironizó el escritor Federico Andahazi esta semana en su programa radial. No se sabe. Sí se sabe que el mismo día en el que Clarín publicó en tapa el polémico proyecto de ley de la senadora Catalfomo el Presidente dijo a través de Twitter que “en los últimos años el lawfare se instaló en la Argentina”, como si de una fábrica de heladeras se tratara (por el nombre inglés) y no de algo innombrable y que no figura en la legislación argentina. Repítese desde esta columna: si hay lawfare, el delito no tipificado, que se lo señale y se lo denuncie con nombre, apellido y artículo del Código Penal.