Mientras escribo esta columna, una amiga me manda un mensaje para avisarme que consiguió misoprostol a cinco mil pesos. Que habló con una ginécologa feminista que la va a acompañar en el proceso que implica interrumpir un embarazo que no buscó y que llegó por una falla en un método de anticonceptivo.

En Argentina, realizarse un aborto es un delito que tiene una pena de uno a cuatro años para la mujer que se lo realice. Para los médicos/as, enfermeros/as, cirujanos/as o parteras/os que lo realicen, la pena es la misma y se le suma una inhabilitación.

Sin embargo, de acuerdo a lo calculado por el Ministerio de Salud de la Nación, se realizan unos 354 mil abortos al años en Argentina. Si, apróximadamente unos 40 abortos por hora. Más de 40 mil terminan en internaciones por las consecuencias que produce la clandestinidad: hemorragias, daños en el útero, infecciones y hasta la muerte.

El debate por el aborto legal, seguro y gratuito lleva años en la agenda feminista de nuestro país, pero este año fue la primera vez que se trató en el Congreso. Los 38 senadores y senadoras que votaron en contra tienen toda esta información.

También saben de las dificultades que hay en los casos en que los abortos no son punibles: riesgo de vida/salud y casos de violación. Tienen conocimiento de que más de la mitad de las provincias no cumplen con un fallo de la Corte y no redactaron un protocolo que facilite la realización de esos abortos que no son delito.

Los senadores y las senadoras que votaron ayer en contra del aborto legal saben que hoy hay mujeres que seguirán realizándose abortos clandestinos en condiciones indignas. Conocen el caso de la chica de 22 años que murió en Santiago del Estero por realizarse un aborto.

Saben también que son las pobres las que tienen que ir a lugares que están muy lejos de ser sanitariamente aptos. Saben que son ellas las que después van a los hospitales, a veces demasiado tarde, a pedir ayuda. Saben que tardan en ir porque tienen miedo de quedar presas.

Saben también las 38 personas que ayer votaron en contra del aborto que su negativa no soluciona absolutamente nada. Que las mujeres seguirán abortando, que es un tema de salud pública y que “salvemos las dos vidas” es un slogan vacío de contenido.

Saben que sus discursos a favor de la educación sexual integral se sintieron hipócritas ya que muchos de ellos/as se negaron durante años a tener educación sexual en las escuelas. Saben también que hubo una reducción en los programas de salud reproductiva. Saben, aunque pretendan no recordarlo, que muchos se opusieron a que se entreguen métodos anticonceptivos.

Saben, además, que un proyecto de despenalización (lo que quieren ofrecer como si eso alcanzara) no es suficiente. Con ese planteo, abortar no sería delito para la mujer pero todavía lo sería para los médicos y el Estado no sería responsable de nada. Ni de que sea seguro ni tampoco gratuito.

Saben que la despenalización del aborto sólo perpetuaría el negocio de quiénes lucran con la clandestinidad. De los que cobran en dólares a las mujeres de clase alta y de los que le exigen lo que no tienen a las mujeres pobres y las intervienen de manera casi asesina.

Lo que molesta no es el aborto, sino que el Estado esté presente y acompañe a la mujer. Les molesta que las pobres puedan recurrir a un hospital público. Molesta que se hable en voz alta, molesta que las mujeres exijan el derecho a decidir sobre sus cuerpos.

Saben las senadoras y los senadores que ayer fueron escuchados atentamente. Que los discursos que dejaron a las mujeres en un rol de incubadoras no van a ser olvidados. Saben todo pero lo disimulan. Tienen otros intereses que no son los derechos de las mujeres.

En mi adolescencia, con dos amigas juntabamos lo poco que nos sobraba de plata todos los meses desde que cumplimos 14 años. Era nuestra protección ante la posibilidad de que alguna tuviera que abortar. Sabíamos que estábamos solas.

Hoy las mujeres ya no lo estamos. Podrán 38 personas (más las 125 de Diputados) retrasar la conquista de un derecho pero ya no pueden obstaculizar a las mujeres organizadas. Será ley.