Las garantías de las personas (jurídicas)

El Canciller - Comentarios

“El desconocimiento de la presunción de inocencia está tan fuertemente arraigado en amplios sectores de nuestra sociedad, que hasta el simple recuerdo de su existencia suele generar rechazo y su reivindicación puede colocar en un clima de sospecha a quien la haga”

Hipólito Solari Yrigoyen, junio de 1998

Desde que Diego Cabot publicó en La Nación los facsímiles de los cuadernos en los que el ex chofer del ex funcionario kirchnerista Roberto Baratta consignó con meticulosidad talmúdica las supuestas coimas que su jefe recibía de parte de varias empresas contratistas del Estado, el escándalo no ha hecho más que ampliarse. El Dr Bonadio, que según Horacio Verbitsky se apropia de las causas que puedan afectar a CFK “por sorteo, magia o licitación”, estableció en Comodoro Py un sistema infalible para lograr la confesión de los acusados: aquellos que se declaran culpables vuelven libres a sus casas mientras que quienes niegan las acusaciones son encarcelados. Salvo por la reticencia al uso de la hoguera- al menos por ahora- su sistema inquisitorio no tiene nada que envidiarle al de fray Tomás de Torquemada, pío confesor de la reina Isabel la Católica, primer inquisidor general de Castilla y Aragón y martillo de los herejes.

Varios empresarios confesaron haber sido efectivamente extorsionados por Baratta, aunque con versiones diferentes. Angelo Calcaterra, ex titular de IECSA pero todavía primo presidencial, explicó que había entregado fondos para la campaña del FPV mientras que Héctor Zavaletta, de Techint, aclaró que se trataba de coimas sin un fin específico, a cambio de obras.

Para el oficialismo y para nuestros periodistas serios (dos colectivos que cuesta cada vez más diferenciar), las sospechas sobre el ex funcionario kirchnerista y las confesiones de los empresarios prueban lo que al parecer todos sabíamos: la corrupción generalizada del kirchnerismo. Salvo algunas voces aisladas como la de Graciana Peñafort, quién señaló que la de los Cuadernos es “la historia de como un fiscal que no podía intervenir y un juez que no había sido sorteado como manda la ley se quedaron con la causa”, nadie parece preocuparse por la falta del debido proceso, la ausencia de inocencia presunta o la cárcel preventiva como método coercitivo para lograr la confesión buscada.

Quienes durante la larga noche kirchnerista denunciaban la falta de conferencias de prensa como una calamidad que nos acercaba a una dictadura, hoy consideran que las más elementales garantías individuales son en realidad “tecnicismos” que no deberían frenar el justo castigo que todos esperan.

Joaquín Morales Solá explicó “por qué CFK debería ir presa” mientras Luis Majul, con un ahínco mayor, opinó que “es ahora o nunca”. Luis Novaresio, un periodista mesurado como lo prueba el uso de la barba, manifestó estar convencido de los culpabilidad kirchnerista, considerando que sus certezas pueden reemplazar a una investigación o incluso a una sentencia firme. En un momento epifánico, Ernesto Tenembaum, un valiente periodista que hace unos años se puso del lado del más débil, comparó la investigación sobre los Cuadrenos con el Juicio a las Juntas y concluyó que todos sabemos que lo que dicen esos documentos es verdad.

Lo notable es que ese extraño sistema que transforma a una denuncia en una sentencia firme y a un funcionario sospechado en un gobierno culpable no tiene su corolario en el partícipe necesario, es decir, la otra pata del cohecho: las empresas. Pese a la confesión de un gerente o incluso de su ex titular, como en el caso de Calcaterra, la responsabilidad del supuesto delito llevado a cabo para proteger intereses corporativos no destiñe sobre el conjunto de la empresa.

Es más, desde el gobierno, tanto el jefe de Gabinete como los ministros de Transporte y Energía aclararon que “no habrá recisión de contratos hasta que no haya una condena firme a las empresas”.

Al parecer, la presunción de inocencia es un tecnicismo para las personas, pero sigue siendo una garantía constitucional para las empresas.

En realidad, eso no debería sorprendernos. La semana pasada, el Senado frenó el proyecto de legalización del aborto luego que la primera línea de Cambiemos, desde Gabriela Comosedice Michetti, hasta Federico Pinedo, pasando por Esteban Bullrich y María Eugenia Vidal, operara furiosamente en contra. El feminista menos pensado, como candorosamente algunos medios bautizaron al presidente, fue menos pensado que feminista.

Ocurre que en la Argentina de Cambiemos, las ampliaciones de derechos y la defensa de las garantías constitucionales sólo rigen para las personas jurídicas, nunca para las físicas.