La denuncia por violencia de género que Fabiola Yañez le inició a Alberto Fernández sigue sumando fojas. En las últimas horas, la Justicia intimó al expresidente a abstenerse de "todo acto de intimidación directa o indirecta" hacia la exprimera dama, al responder a una presentación de la querella sobre una supuesta comunicación de quien gobernó el país entre 2019 y 2023.

Según informó TN, la abogada Mariana Gallego, quien representa a la también periodista, presentó una denuncia ante el juez que lleva adelante la causa, Julián Ercolini, en la que acusó al exmandatario de haber utilizado el celular de su hijo Francisco para enviarle un mensaje considerado "perturbador" y posiblemente violatorio de una medida cautelar vigente.

Al comienzo del expediente, en el que Fernández ya tiene un pedido de indagatoria -pendiente de resolución- solicitado por el fiscal Ramiro González, la Justicia le había prohibido al exjefe de Estado tomar contacto de cualquier tipo con Yañez, e incluso también se le impuso una prohibición de salida del país.

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Según detalló la letrada, Fernández envió el jueves pasado dos enlaces a una nota publicada en Eldisenso.com a su hijo Francisco. 

El artículo "Mentiras e inconsistencias en el relato de la familia Yañez" fue enviado a través del número de teléfono asociado al hijo de 2 años que tienen Fernández y Yañez, que también es utilizado por la abuela materna del menor.

La exprimera dama, que vive en Madrid con el menor, considera, de acuerdo a la presentación de su abogada, que con ese mensaje el extitular del PJ a nivel nacional "intentó afectar su estabilidad emocional".

Por ello, Ercolini lo instó a evitar el envío de ese tipo de mensajes, de manera directa o a través de medios digitales, y le recordó que las únicas comunicaciones que puede tener con su expareja deben estar exclusivamente vinculadas con el hijo de ambos.

En las últimas horas, Fernández había sufrido un revés judicial en la batalla legal que libra con Fabiola, cuando la Cámara Federal porteña rechazó por mal concedida una apelación hecha por sus abogados contra la decisión de confirmar al fiscal González al frente de la investigación de la causa por violencia de género.