El 2020 viene con aires de renovación para la Justicia. La inminente reforma judicial y las modificaciones al régimen jubilatorio de jueces, fiscales, defensores y funcionarios generan tensión entre el Gobierno nacional y los tribunales. Finalmente, ambos temas serán incluidos en las sesiones extraordinarias que se convocarían en Diputados para el 29 de enero, o los primeros días de febrero. La decisión fue tomada este martes por Alberto Fernández, Santiago Cafiero -jefe de Gabinete- y los jefes parlamentarios del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Sergio Massa y Máximo Kirchner, según informó La Nación. Además, se debatirá en el Senado el pliego de Daniel Rafecas, candidato del gobierno para ser el próximo Procurador General de la Nación.

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Las nuevas designaciones de funcionarios y propuestas para cargos plantean un cambio rotundo en la manera en que se hace justicia en el país. Pese a que se cumplió solo un mes desde que Fernández se convirtió en Presidente, asoman manifestaciones claras de cambios en el el sistema judicial.

Respecto a la reforma judicial, se baraja la posible ampliación en la cantidad de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, las modificaciones en la justicia tienen en miras la redistribución del poder de los magistrados de Comodoro Py, a través del plan que tuvo en su momento Gustavo Beliz. El actual secretario de Planeamiento Estratégico proponía convertir en juzgados federales todos los juzgados nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mediante esa medida,  pasarían a ser de 12 a 70 magistrados federales. 

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También dicha reforma tiene en miras instaurar el sistema acusatorio en todo el país. Esto implica que el fiscal investigue las causas, y no tenga -en ningún caso- ese rol el juez. Ya que el Ministerio Público Fiscal -luego de llevar adelante las averiguaciones- acusa, mientras que los magistrados deben juzgar. El cambio de un modelo inquisitivo a uno acusatorio radica en mayor transparencia y objetividad a la hora de decidir por parte del juez.

Otra cuestión importante es cómo se abordará la movilidad de las jubilaciones de privilegio -correspondientes a miembros del Poder Judicial y del Cuerpo Diplomático-. En principio se trataría dentro del proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Pero, a través de Twitter, el Presidente terminó aclarando que el tema sería analizado en las sesiones extraordinarias del Congreso “a efectos de que se aboque al tratamiento de un proyecto de ley que termine con las jubilaciones de privilegio (Poder Judicial y Cuerpo Diplomático)”.

DDHH en la agenda del Gobierno

Las críticas de la titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (DDHH) nacional a la gestión anterior y a las decisiones judiciales también visibilizan su intención de renovar Tribunales y Comodoro Py. Y su rol de intermediaria entre el Poder Ejecutivo y los magistrados cobra protagonismo.

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El acercamiento entre los organismos de DDHH y el Gobierno es constante. El pasado 13 de enero, el Presidente mantuvo un encuentro con la Mesa Nacional de Organismos de DDHH.  Losardo y el secretario de DDHH, Horacio Pietragalla Corti, también formaron parte de la reunión. Por parte de los organismos hablaron Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo -Línea Fundadora-, Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo y Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.

Ya la semana anterior, Pietragalla Corti se había juntado también con las Abuelas de Plaza de Mayo y las Madres de Plaza de Mayo -Línea Fundadora-. Además, estuvieron presentes la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre, familiares de desaparecidos, la Fundación Memoria Histórica y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S., el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, y la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte.